La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no contaba con legitimación suficiente para promover la acción judicial contra la norma.

Como consecuencia de la resolución, quedó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había frenado la aplicación del artículo 154 y había declarado su inconstitucionalidad.

Publicidad

El planteo que llegó a la Corte

El conflicto se inició cuando el CECIM presentó una demanda contra el Estado Nacional para cuestionar la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

En primera instancia, el planteo había sido rechazado. Sin embargo, en marzo de 2024 la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión, aceptó la legitimación de la organización, declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU y ordenó que el expediente continuara como un proceso colectivo.

El Estado Nacional apeló esa resolución y el caso llegó al máximo tribunal.

La Corte consideró que no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara el reclamo presentado por la organización. Según los magistrados, la soberanía territorial invocada por el CECIM no puede ser encuadrada como un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo en los términos utilizados para justificar la demanda.

La Corte no definió si el DNU es constitucional

Uno de los puntos centrales del fallo es que el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

La resolución se concentró en la legitimación de la entidad que presentó la demanda y en la inexistencia, según la Corte, de un caso judicial que permitiera avanzar con el planteo.

Por lo tanto, el fallo dejó sin efecto la decisión que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, pero no constituye una declaración de constitucionalidad del DNU.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas un límite general del 15% sobre la titularidad extranjera.

Con la decisión de la Corte, vuelve a quedar vigente la derogación de ese régimen dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras el debate sobre la validez constitucional de esa medida permanece abierto.