La Cámara Federal de Mendoza solicitó formalmente al gobierno de Venezuela que informe sobre el paradero de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino detenido el 8 de diciembre mientras visitaba a su esposa e hijo en el estado de Táchira. Además, exhortó a la justicia venezolana a explicar los motivos de su captura, y pidió que el caso sea investigado como una posible "desaparición forzada".
Detalles del fallo judicial
El tribunal mendocino, integrado por los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, emitió un fallo de 13 páginas que exige a Venezuela responder sobre las circunstancias de la detención de Gallo. En el documento, se solicita que:
Se informe el paradero del gendarme.
Se expliquen los motivos de su arresto.
Se identifique al juez responsable del proceso.
Se permita a Gallo designar un abogado y mantener contacto con su familia.
Asimismo, se ordena que Venezuela presente a Gallo, de manera física o virtual, ante las autoridades que designe la Cancillería Argentina para garantizar su asesoramiento legal.
Un pedido con contexto humanitario
El fallo se da en el marco de un habeas corpus presentado por el jefe del Escuadrón XI de Gendarmería Nacional. Paralelamente, el exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, gestionó el envío de una carta de la madre del gendarme a las autoridades venezolanas. Según Laborde, se logró confirmar que Gallo está "en buenas condiciones", aunque calificó de “muy irregular” todo el proceso.
“La gestión fue exclusivamente por una cuestión humanitaria. Se pudo saber que el gendarme está en buenas condiciones físicas”, expresó Laborde en declaraciones radiales.
Acusaciones y contexto del arresto
Gallo fue detenido al ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su pareja, María Gómez, afirmó que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo trasladaron en una "camioneta negra" y que no recibió explicaciones claras sobre su detención.
El gobierno venezolano declaró que el gendarme está siendo investigado por supuestos “planes terroristas” que comprometerían al presidente argentino, Javier Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Laborde criticó el manejo del caso por parte de las autoridades argentinas, especialmente de Bullrich. “Hay una responsabilidad muy grande de la ministra de Seguridad en lo sucedido. Fue un hecho irregular que merece aclaraciones urgentes”, subrayó.
Repercusiones internacionales
El caso ha generado tensiones diplomáticas y pone en el foco las relaciones entre Argentina y Venezuela. La justicia mendocina insistió en la necesidad de una pronta respuesta para garantizar los derechos del gendarme detenido y aclarar las circunstancias de su arresto.
Por el momento, la Cancillería argentina no ha emitido declaraciones oficiales sobre el fallo ni sobre los próximos pasos para mediar en la situación.
