La liberación de varios detenidos por robos millonarios generó en los últimos días un fuerte malestar entre funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y el Poder Judicial de Corrientes. Las críticas surgieron luego de que, a pocas horas de ser aprehendidos en operativos policiales, algunos sospechosos recuperaran la libertad bajo regímenes de prisión domiciliaria sin control satelital.
El caso que encendió la polémica es el de Yonathan Alexis M., de 42 años, detenido hace apenas 72 horas por efectivos de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC). Pese a estar vinculado a dos robos calificados cometidos en poblado y en banda —en los que se sustrajeron más de $8.500.000, dinero que aún no fue recuperado—, el juez de Garantías le concedió la prisión domiciliaria sin monitoreo electrónico.
La medida fue adoptada a pesar del pedido de la fiscal González, quien había solicitado la prisión preventiva al considerar el riesgo de fuga y los antecedentes del imputado. El magistrado entendió, sin embargo, que el acusado no representaba peligro de evasión.
La decisión también alcanzó a su presunto cómplice, Alejandro Fabián C., detenido días antes por la Unidad Especial Antiarrebatos, quien recibió el mismo beneficio judicial. Ambos quedaron registrados en imágenes de cámaras de seguridad durante los atracos y se encuentran plenamente identificados en la causa.
Desde la cúpula policial, el operativo había sido considerado un logro significativo. El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, destacó la detención como parte de la lucha contra las bandas de arrebatadores, una problemática que cobró relevancia luego de un robo sufrido por la hermana del gobernador Juan Pablo Valdés en la avenida Libertad.
Las aprehensiones se concretaron tras casi 20 días de investigación y un importante despliegue de recursos humanos y materiales. Yonathan Alexis M. fue detenido el miércoles pasado en el barrio Villa Raquel, cuando regresó a su vivienda para pasar las Fiestas tras permanecer prófugo durante un largo período.
El caso reavivó las críticas por la falta de aplicación de la Ley 6690, conocida como Ley de Reiterancia, promulgada en 2023 por el gobernador Gustavo Valdés, que habilita la prisión preventiva para personas con causas penales previas que reinciden en delitos. Funcionarios advierten que, en la práctica, la norma no se aplica de manera sistemática.
Además, existen temores de que la Ley de Narcomenudeo, aprobada en octubre y prevista para entrar en vigencia en febrero, corra la misma suerte. Según trascendió, algunos magistrados se mostraron reticentes a su implementación, argumentando falta de infraestructura, lugares de detención y presupuesto, lo que profundiza la tensión entre ambos poderes del Estado.
Mientras los acusados pasaron las Fiestas en sus hogares, las víctimas continúan sin recuperar el dinero sustraído, en un contexto que vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema judicial frente al delito reiterado.
