Las declaraciones de la jueza de Garantías N°1 de Salta, Ada Zunino, reavivaron un viejo y sensible debate en Argentina. Durante una entrevista en el programa Con Criterio Salta, la magistrada expresó su apoyo a la pena de muerte para delitos que definió como “sádicos” y “aberrantes”, y consideró que el sistema penal actual es insuficiente para hacer frente al nivel de violencia de algunos crímenes.
“Los delitos actualmente se volvieron más violentos, mucho más intrincados, más sádicos, más graves”, sostuvo Zunino, y mencionó como ejemplo el caso de Marcelo Torrico, condenado por el brutal asesinato de Fernando Pastorizzo en 2020. Según afirmó, existen otros casos “aún más escalofriantes” que no llegaron a los medios pero que pasaron por el sistema judicial.
La jueza fue tajante al criticar el Código Penal vigente, al que calificó como “totalmente parchado” y desactualizado frente a las nuevas modalidades delictivas. “Las penas quedaron atrás. Hay que agravarlas y debatir sobre la pena de muerte. Tiene que haber un reordenamiento”, reclamó, aunque aclaró que su postura aplica solo a crímenes “excepcionales”, marcados por un alto grado de ensañamiento o crueldad.
Las palabras de Zunino no tardaron en generar repercusiones tanto en ámbitos judiciales como en redes sociales. Mientras algunos sectores apoyaron su sinceridad y firmeza ante la escalada delictiva, otros recordaron que Argentina abolió la pena capital para delitos comunes en 2008 y en la práctica desde 1984, y que reabrir ese debate implicaría una seria revisión constitucional y de los tratados internacionales firmados por el país.
En Salta, la inseguridad y los crímenes violentos —como el del mencionado Torrico, quien descuartizó a su víctima— han encendido alarmas sociales y presionado al Poder Judicial a brindar respuestas más contundentes. Sin embargo, la propuesta de una pena irreversible y controversial como la muerte divide aguas y choca con el marco legal vigente.
