El caso de María Eugenia “Maru” Cadamuro conmocionó a la provincia de Córdoba y se convirtió en uno de los crímenes familiares más resonantes de los últimos años. La mujer, de 46 años, desapareció el 15 de marzo de 2017 en la ciudad de Jesús María. Durante 93 días, familiares, amigos y fuerzas de seguridad participaron de una intensa búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo en un campo cercano a Villa Gutiérrez, a la vera de la Ruta 60.
La investigación rápidamente puso el foco sobre su hijo, Pedro Jeremías Sanz, quien había sido una de las últimas personas en verla. En ese momento, la Justicia comenzó a reconstruir una relación atravesada por conflictos familiares, disputas económicas y episodios de violencia.
Una desaparición que terminó en tragedia
El día de su desaparición, Cadamuro había dejado su vivienda en circunstancias que generaron preocupación. La investigación avanzó durante semanas sin encontrarla, mientras crecían las sospechas sobre lo ocurrido.
Finalmente, el 16 de junio de 2017, casi tres meses después de su desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo enterrado en una fosa de aproximadamente un metro de profundidad, en un campo ubicado sobre la Ruta 60, cerca de Villa Gutiérrez. La Justicia determinó posteriormente que había muerto como consecuencia de dos disparos de escopeta.
La reconstrucción del crimen estableció que el asesinato ocurrió el 15 de marzo, después de las 20, en un lugar apartado. De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, Sanz habría efectuado un primer disparo contra el tórax de su madre y luego un segundo contra su cabeza cuando ella ya se encontraba gravemente herida y sin posibilidades de defenderse.
Una relación atravesada por la violencia
Durante el juicio quedó expuesto que el vínculo entre Cadamuro y su hijo estaba deteriorado desde hacía tiempo.
La sentencia de la Cámara en lo Correccional y Criminal de 8ª Nominación de Córdoba concluyó que Sanz ejercía violencia física, psicológica y económica-patrimonial sobre su madre. El tribunal señaló que existían antecedentes de agresiones y amenazas y que María Eugenia había manifestado a personas de su entorno que tenía miedo de su hijo.
Incluso había adoptado medidas de seguridad en su vivienda, entre ellas la instalación de una alarma, como consecuencia de ese temor. Para los jueces, estos elementos demostraron la existencia de una relación de poder desigual que precedió al crimen.
Los conflictos económicos también ocuparon un lugar central en la investigación. Según los fundamentos judiciales, existían disputas relacionadas con la administración de diferentes bienes inmuebles que pertenecían a Cadamuro pero figuraban registralmente a nombre de su hijo.
La querella sostuvo durante el proceso que detrás del crimen existía un conflicto relacionado con bienes y dinero, aunque esa interpretación sobre el móvil fue planteada desde la acusación y el entorno de la víctima.
La condena a prisión perpetua
El 17 de diciembre de 2019, después del juicio oral, un jurado popular y la Cámara en lo Correccional y Criminal de 8ª Nominación declararon culpable a Jeremías Sanz.
La Justicia lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de su madre, considerado triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género.
La agravante por alevosía estuvo vinculada con la forma en que se produjo el ataque. Según el tribunal, Sanz llevó a su madre a un lugar desolado y allí le disparó sorpresivamente, reduciendo prácticamente a cero sus posibilidades de defensa.
En febrero de 2020 se conocieron los fundamentos completos de la sentencia. Allí, los magistrados sostuvieron que el crimen fue el desenlace de una “escalada de violencia” que había incluido manifestaciones físicas, psicológicas y económicas.
El encubrimiento y las otras personas investigadas
El expediente no terminó completamente con la condena de Sanz.
Durante el proceso también surgieron elementos vinculados con el ocultamiento del cuerpo. Nicolás Rizzi, amigo de Jeremías Sanz, fue condenado en diciembre de 2019 a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado, después de admitir su participación en el traslado y entierro del cuerpo.
Años después del crimen, representantes de la querella continuaban señalando que quedaban aspectos por esclarecer y que la investigación sobre posibles responsabilidades adicionales no había terminado.
Un caso que dejó una marca en Córdoba
El asesinato de María Eugenia Cadamuro trascendió el expediente judicial por las características del vínculo entre víctima y victimario. La mujer fue asesinada por su propio hijo después de una relación marcada, según estableció la Justicia, por violencia física, psicológica y patrimonial.
La sentencia convirtió el caso en un antecedente relevante para analizar cómo distintas formas de violencia pueden acumularse durante años hasta desembocar en un crimen.
La historia de “Maru” quedó así asociada a una pregunta que atravesó toda la investigación: cómo una sucesión de conflictos familiares, amenazas y disputas económicas pudo terminar en un femicidio dentro del propio núcleo familiar.
La Justicia encontró a Jeremías Sanz responsable y le impuso la máxima pena prevista. Sin embargo, las derivaciones del expediente y las investigaciones sobre posibles responsabilidades vinculadas con el encubrimiento y otros actores del entorno mantuvieron abierto el interés por un caso que, desde aquel 15 de marzo de 2017, conmocionó a Jesús María y a toda Córdoba.


















Comentarios
Cargando comentarios…