La madrugada del 18 de enero de 2020 quedó grabada en la memoria colectiva de Argentina. Fernando Báez Sosa, un estudiante de Derecho de 18 años, fue asesinado a golpes frente al boliche Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, tras un altercado ocurrido minutos antes dentro del local bailable.
Hijo de Silvino Báez y Graciela Sosa, ambos de origen paraguayo, Fernando había viajado a la costa atlántica junto a un grupo de amigos para disfrutar de sus vacaciones. Lo que comenzó como una noche de diversión terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, una discusión dentro del boliche derivó en la expulsión tanto de Fernando y sus amigos como de un grupo de jóvenes provenientes de Zárate. Minutos después, ya en la vereda, el estudiante fue rodeado y atacado por varios agresores que le propinaron golpes de puño y patadas, incluso cuando ya se encontraba inconsciente sobre el suelo.
Pese a los intentos de amigos, testigos y personal médico por asistirlo, Fernando Báez Sosa falleció como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un shock neurogénico provocado por un severo traumatismo de cráneo, acompañado por múltiples lesiones compatibles con una golpiza de extrema violencia.
El juicio comenzó en enero de 2023 en los tribunales de Dolores y fue seguido con enorme atención por la sociedad argentina. Durante varias semanas declararon familiares, amigos, peritos, médicos, policías y testigos presenciales, mientras las imágenes de las audiencias ocuparon un lugar central en los medios de comunicación.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. En tanto, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
Desde el primer día, Silvino Báez y Graciela Sosa encabezaron un permanente reclamo de justicia. Su lucha trascendió el ámbito judicial y los convirtió en una de las voces más representativas de las familias de víctimas de hechos de violencia extrema en el país. A través de marchas, entrevistas y actos públicos, mantuvieron vivo el recuerdo de su hijo y promovieron campañas contra la violencia entre jóvenes.
El caso también abrió un profundo debate sobre distintos aspectos de la sociedad argentina. Especialistas en psicología, educación, deporte y sociología analizaron el fenómeno de la violencia grupal, la influencia de determinadas formas de masculinidad, el consumo excesivo de alcohol en espacios nocturnos y la importancia de fomentar la resolución pacífica de los conflictos desde edades tempranas.
Con el paso del tiempo, el nombre de Fernando Báez Sosa pasó a simbolizar el reclamo de justicia frente a los hechos de violencia extrema. Diversas escuelas, organizaciones sociales e instituciones educativas desarrollaron actividades de concientización inspiradas en su historia, con el objetivo de promover el respeto, la convivencia y la no violencia.
A más de seis años del crimen, el caso continúa siendo uno de los más recordados de la historia judicial reciente de Argentina. No solo por la brutalidad del ataque y la repercusión mediática que alcanzó, sino porque puso en evidencia problemáticas sociales que exceden aquel episodio y siguen siendo motivo de reflexión.
La historia de Fernando Báez Sosa representa el dolor de una familia que perdió a su hijo de manera trágica, pero también el compromiso de una sociedad que encontró en su nombre un símbolo para reclamar justicia y reafirmar que ningún acto de violencia puede naturalizarse.


















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