La historia política de Estados Unidos quedó marcada por una noche de octubre de 1973 en la que el presidente Richard Nixon intentó detener una investigación que amenazaba con destruir su gobierno. Su decisión de apartar al fiscal especial Archibald Cox, encargado de investigar el escándalo Watergate, desencadenó una confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia que pasó a la historia como la Masacre del sábado por la noche.

El episodio ocurrió el 20 de octubre de 1973 y tuvo consecuencias inmediatas: el fiscal general Elliot Richardson renunció al negarse a cumplir la orden presidencial, al igual que el fiscal general adjunto William Ruckelshaus. Finalmente, el procurador general Robert Bork aceptó ejecutar la decisión y dispuso la destitución de Cox.

Lejos de terminar con las investigaciones, la maniobra provocó una reacción política y social que debilitó todavía más la posición de Nixon. Menos de diez meses después, el mandatario presentó su renuncia ante la amenaza concreta de ser destituido por el Congreso.

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El allanamiento que destapó el escándalo Watergate

Para comprender lo ocurrido aquella noche, es necesario regresar al 17 de junio de 1972. Durante la madrugada, cinco hombres fueron detenidos dentro de las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate de Washington.

Los intrusos intentaban intervenir equipos de vigilancia y obtener información de los adversarios políticos del Partido Republicano. Entre los arrestados se encontraba James McCord, antiguo integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y responsable de seguridad del comité encargado de la reelección de Nixon.

También fueron detenidos Bernard Barker, Virgilio González, Eugenio Martínez y Frank Sturgis. Las investigaciones posteriores relacionaron el operativo con otras personas vinculadas al entorno presidencial, entre ellas G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt.

Nixon buscó despegarse del caso y sostuvo públicamente que no existían pruebas de que la Casa Blanca hubiera intervenido en el allanamiento. En noviembre de 1972 obtuvo una contundente victoria electoral frente al demócrata George McGovern, pero el escándalo continuó avanzando.

Con el tiempo, Watergate dejó de ser solamente una investigación sobre espionaje político. Las sospechas se concentraron también en los intentos de ocultar pruebas, presionar a investigadores y utilizar recursos del Estado para proteger al presidente y a sus colaboradores.

Las grabaciones secretas que pusieron en jaque al presidente

En febrero de 1973, el Senado estadounidense creó una comisión especial para investigar el caso. Las audiencias públicas, transmitidas por televisión, permitieron que millones de ciudadanos siguieran las declaraciones de antiguos funcionarios y conocieran nuevos detalles sobre el funcionamiento de la administración presidencial.

La presión aumentó durante abril, cuando Nixon anunció la salida de varios colaboradores cercanos, entre ellos sus asesores Harry R. Haldeman y John Ehrlichman. John Dean, exconsejero de la Casa Blanca, también quedó bajo la lupa de los investigadores.

En mayo de ese año, Archibald Cox asumió como fiscal especial para investigar los delitos relacionados con Watergate. Su trabajo consistía en avanzar de manera independiente, incluso si las pesquisas comprometían a funcionarios de alto rango.

El conflicto decisivo apareció cuando se descubrió que Nixon había instalado un sistema secreto de grabación en la Casa Blanca. Desde 1971, distintos dispositivos registraban conversaciones mantenidas en el Despacho Oval y otros espacios oficiales.

La existencia de esas cintas salió a la luz el 16 de julio de 1973, cuando Alexander Butterfield, un antiguo funcionario presidencial, declaró ante el comité del Senado. La revelación modificó el rumbo de la investigación: ahora existía la posibilidad de conocer directamente qué habían dicho Nixon y sus colaboradores durante las jornadas clave del escándalo.

Cox reclamó acceso a las grabaciones para determinar si el presidente había participado en el encubrimiento. Nixon se negó, argumentando que las conversaciones privadas del mandatario estaban protegidas por el privilegio ejecutivo.

La disputa llegó a los tribunales y se convirtió en una batalla sobre los límites del poder presidencial y la obligación de colaborar con una investigación penal.

La orden que desencadenó la crisis institucional

En octubre de 1973, una corte federal de apelaciones confirmó la obligación de entregar nueve grabaciones reclamadas por los investigadores. Ante la presión judicial, Nixon propuso una alternativa: que el senador demócrata John Stennis escuchara las cintas y preparara resúmenes para el fiscal especial.

Cox rechazó la propuesta porque no le permitía examinar directamente los registros ni verificar si los resúmenes reflejaban de manera completa las conversaciones. La negativa enfureció al presidente, que decidió apartarlo del caso.

El sábado 20 de octubre, Nixon ordenó a Elliot Richardson que despidiera al fiscal. Richardson se había comprometido ante el Senado a preservar la independencia de la investigación y consideró que cumplir la orden supondría quebrar esa garantía. Por eso presentó su renuncia.

La misma instrucción llegó después a William Ruckelshaus, quien también se negó a ejecutar el despido y abandonó su cargo.

Finalmente, Robert Bork, que ocupaba el puesto de procurador general, aceptó la orden presidencial y destituyó a Cox. La Casa Blanca anunció además la disolución de la oficina del fiscal especial.

La sucesión de decisiones en pocas horas provocó una conmoción política. El gobierno había perdido a dos de sus principales responsables del Departamento de Justicia y había apartado al funcionario que investigaba uno de los mayores escándalos de su historia.

La prensa estadounidense bautizó aquella jornada como la Masacre del sábado por la noche, una denominación que reflejaba la magnitud de la crisis y el impacto que tuvo la intervención directa de Nixon sobre la investigación.

La maniobra terminó agravando la situación de Nixon

El presidente esperaba que la destitución de Cox permitiera recuperar el control de la situación. Sin embargo, la reacción fue exactamente la contraria.

Legisladores de ambos partidos cuestionaron la decisión y crecieron los pedidos para que el Congreso avanzara con un proceso de destitución. La opinión pública también expresó su preocupación por lo que parecía un intento de frenar una investigación que podía comprometer al propio jefe de Estado.

Ante la presión, Nixon retrocedió parcialmente y aceptó entregar algunas de las grabaciones. En noviembre de 1973, Leon Jaworski fue designado como nuevo fiscal especial y continuó con las pesquisas.

Las cintas se transformaron en una prueba central. Una de las grabaciones más comprometedoras registraba una conversación del 23 de junio de 1972, apenas seis días después del allanamiento, en la que Nixon y Haldeman discutían la posibilidad de utilizar a la CIA para limitar la investigación del FBI.

El contenido de ese diálogo reforzó las sospechas de que el presidente había intervenido para obstaculizar las pesquisas y proteger a los responsables del escándalo.

La Corte Suprema y el camino hacia la renuncia

La disputa llegó a su punto culminante en julio de 1974, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad que Nixon debía entregar las grabaciones reclamadas por la Justicia.

El fallo estableció que el privilegio presidencial no podía utilizarse de manera absoluta para impedir el acceso a pruebas relevantes en una investigación penal. La decisión representó una derrota histórica para el mandatario y dejó en claro que la presidencia no estaba por encima de la ley.

Al mismo tiempo, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó artículos de juicio político contra Nixon por obstrucción de la investigación, abuso de poder y desacato al Congreso.

Con el respaldo político cada vez más debilitado y ante la posibilidad de ser destituido, el presidente comprendió que ya no tenía margen suficiente para mantenerse en el cargo.

El 8 de agosto de 1974 anunció públicamente su renuncia, que se hizo efectiva al día siguiente. Gerald Ford, quien se desempeñaba como vicepresidente desde diciembre de 1973, asumió la presidencia y se convirtió en el sucesor de Nixon.

Un episodio que cambió la historia política estadounidense

La Masacre del sábado por la noche quedó como uno de los momentos más críticos del escándalo Watergate. La decisión de Nixon de despedir al fiscal que lo investigaba no consiguió frenar el avance de la Justicia y terminó profundizando la crisis de su administración.

El caso expuso los riesgos de utilizar el poder presidencial para proteger intereses políticos y mostró la importancia de los controles institucionales en una democracia.

A más de cinco décadas de aquellos acontecimientos, Watergate continúa siendo una referencia histórica sobre la responsabilidad de los gobernantes, la independencia judicial y los límites de la autoridad presidencial. La renuncia de Nixon cerró una etapa turbulenta en Estados Unidos y dejó una lección política que todavía conserva vigencia: intentar bloquear una investigación puede terminar agravando las consecuencias que se buscan evitar.