La ola de inseguridad empuja a muchos ciudadanos a tomar medidas extremas para proteger sus propiedades. A raíz del caso de un comerciante cordobés que sufrió seis robos en lo que va del año y decidió conectar la reja de su local a la red domiciliaria durante la noche, resurgió un fuerte debate sobre los límites legales de la legítima defensa y las consecuencias penales de utilizar estas instalaciones caseras.
El abogado Facundo Pérez Lloveras analizó la situación en diálogo con Cadena 3 y fue categórico al explicar que conectar una estructura directamente a los 220 voltios excede por completo los límites de la protección de los bienes. El especialista aclaró que el objetivo de cualquier mecanismo de seguridad debe ser disuadir o repeler una agresión inminente, sin convertirse jamás en un instrumento destinado a dañar o aniquilar a quien intente atravesarlo.
El letrado advirtió que una instalación casera sin protecciones ni advertencias se encuentra fuera de cualquier marco legal y puede derivar en serias imputaciones penales. Dependiendo de las circunstancias, el dueño del inmueble podría enfrentar cargos por homicidio o lesiones culposas si la Justicia determina que el resultado trágico se produjo por imprudencia y falta de cuidado al manipular la red eléctrica. Incluso, la carátula podría agravarse a homicidio con dolo eventual si se logra demostrar que la persona previó que la conexión podía ser letal y aun así decidió mantenerla activa aceptando ese posible desenlace.
Esta responsabilidad recae sobre el propietario sin importar si la víctima es un delincuente intentando ingresar por la fuerza o un simple transeúnte que toca la estructura metálica por accidente. Asimismo, el abogado remarcó el peligro que esto representa para efectivos policiales o personal médico, quienes ante una emergencia muchas veces deben atravesar propiedades linderas y pueden terminar gravemente heridos por estos dispositivos encubiertos.
A diferencia de las peligrosas trampas caseras, la colocación de cercos eléctricos profesionales sí puede estar amparada por la ley si se respetan estrictas normativas. Para evitar problemas legales y proteger la vida humana, se exige el uso de equipos homologados que emitan pulsos breves e intermitentes en lugar de una descarga de corriente continua.
Además de contratar a un instalador profesional, la estructura debe estar ubicada a una altura que impida el contacto accidental, contar con carteles de advertencia claramente visibles en todo el perímetro y tener una puesta a tierra adecuada. De todas formas, el marco legal establece que cumplir con estos requisitos técnicos no garantiza una exención automática de responsabilidad penal, ya que ante un accidente la Justicia siempre evaluará si la medida protectora resultó racional y proporcional al peligro enfrentado.


















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