San Miguel del Monte es una localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para muchos de sus habitantes, recorrer en automóvil los alrededores de la laguna era una actividad habitual entre los jóvenes.

En la madrugada del 20 de mayo de 2019, cinco personas viajaban en un Fiat 147 por la colectora de la Ruta Nacional 3. En el vehículo estaban Danilo Sansone, de 13 años; Camila López, de 13; Gonzalo Domínguez, de 14; Carlos Aníbal “Aníbal” Suárez, de 22; y Rocío Quagliarello, de 13 años.

En determinado momento comenzó una persecución protagonizada por efectivos de la Policía Bonaerense. Lo que inicialmente fue presentado como un accidente de tránsito terminó revelándose como una persecución en la que hubo disparos policiales contra el automóvil.

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Según la investigación de la Comisión Provincial por la Memoria, los agentes efectuaron disparos mientras perseguían al vehículo. Uno de los proyectiles impactó en Gonzalo Domínguez. En medio de la persecución, el Fiat 147 terminó chocando contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado.

El impacto provocó la muerte de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal.

Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente. Tenía apenas 13 años y permaneció 25 días internada en grave estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

El intento de instalar la versión de un accidente

Las primeras horas fueron determinantes.

La investigación posterior estableció que, después de la persecución, se desplegó una serie de acciones destinadas a ocultar lo ocurrido e instalar inicialmente la hipótesis de un accidente de tránsito.

La Comisión Provincial por la Memoria documentó que se falsearon testimonios y que hubo maniobras para ocultar los disparos efectuados por los policías. El caso pasó de ser investigado como un accidente a ser considerado una masacre vinculada con violencia institucional.

El reclamo de la comunidad permitió poner en cuestión la primera versión de los hechos y exigir que se investigara no solamente la persecución, sino también el posible encubrimiento posterior.

El propio informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo que el compromiso ciudadano y el trabajo de la investigación judicial permitieron descubrir la realidad detrás de lo que inicialmente había sido presentado como un accidente.

Las víctimas

La masacre dejó cuatro familias destruidas y una sobreviviente que tuvo que afrontar las consecuencias físicas y psicológicas de aquella noche.

Danilo Sansone, de 13 años, era uno de los adolescentes que viajaban en el vehículo.

Camila López, también de 13 años, murió como consecuencia del impacto.

Gonzalo Domínguez, de 14 años, fue alcanzado por un disparo durante la persecución. La investigación determinó que uno de los proyectiles había impactado en su pierna antes del choque.

Carlos Aníbal Suárez, de 22 años, conducía el Fiat 147.

Rocío Quagliarello, de 13 años, logró sobrevivir, aunque sufrió heridas graves y posteriormente debió afrontar las secuelas de aquella noche. Durante el juicio se destacó también el daño psicológico que sufrió como consecuencia de la masacre.

Una investigación que puso bajo la lupa a la Policía Bonaerense

A medida que avanzó la investigación, el caso dejó de ser considerado un simple hecho vial.

La Justicia determinó que había existido una persecución policial injustificada y desproporcionada, acompañada por el uso de armas de fuego.

La causa involucró a distintos efectivos policiales y también investigó posibles responsabilidades por el encubrimiento.

Las familias comenzaron entonces una larga lucha judicial. Durante años participaron de movilizaciones, actos y audiencias, reclamando que todos los responsables fueran identificados y juzgados.

El juicio y la condena

Cuatro años después de la masacre, en mayo de 2023, comenzó el juicio oral contra cuatro policías considerados responsables directos de la persecución.

Un jurado popular declaró culpables a Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.

García y Ecilape fueron considerados responsables del homicidio agravado de los cuatro jóvenes. Monreal e Ibáñez fueron condenados por tentativa de homicidio agravado en relación con Rocío y por su participación en el operativo que terminó con la tragedia.

Rubén García y Leonardo Ecilape fueron condenados a prisión perpetua.

Manuel Monreal y Mariano Ibáñez recibieron 15 años de prisión.

La sentencia representó un momento trascendental para las familias de las víctimas, que habían esperado cuatro años para obtener una respuesta judicial.

Sin embargo, la condena de los cuatro policías no significó el cierre de todas las investigaciones.

El encubrimiento, otra parte de la historia

Una de las cuestiones centrales que permanecieron bajo investigación fue el supuesto encubrimiento de la masacre.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que, después de la sentencia contra los responsables directos, continuaba otra causa relacionada con policías acusados de encubrimiento y falsedad ideológica.

La investigación también alcanzó a otros funcionarios y efectivos por su posible participación en las maniobras posteriores al hecho.

Esto convirtió a la Masacre de Monte en algo más que una persecución que terminó en tragedia: también expuso cómo, según la investigación judicial y de organismos de derechos humanos, las primeras versiones de un hecho pueden ser utilizadas para intentar ocultar responsabilidades institucionales.

Siete años después

En mayo de 2026 se cumplieron siete años de la masacre.

El paso del tiempo no borró los nombres de quienes murieron aquella madrugada: Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez.

Tampoco borró la historia de Rocío, la única sobreviviente, ni la lucha de sus familias.

A siete años de aquel 20 de mayo, los cuatro policías responsables directos ya habían sido condenados, aunque el reclamo de justicia continuaba vinculado a las demás responsabilidades que fueron investigadas.

La Masacre de San Miguel del Monte quedó instalada en la memoria colectiva como uno de los casos más graves de violencia policial de los últimos años en la Argentina.

Una tragedia que cambió para siempre a Monte

La historia de San Miguel del Monte no puede reducirse al choque de un automóvil contra un acoplado.

Detrás de aquel impacto hubo cinco jóvenes, cuatro vidas perdidas, una sobreviviente, familias que quedaron destruidas y una comunidad que decidió no aceptar la primera versión de los hechos.

La investigación judicial logró demostrar que aquella madrugada había existido una persecución policial con disparos y que el episodio no podía explicarse simplemente como un accidente.

Las condenas de 2023 marcaron un punto fundamental en la búsqueda de justicia. Pero la memoria de Monte continúa ligada a una pregunta que atravesó todo el caso: ¿qué ocurrió realmente durante aquellos minutos en los que cinco jóvenes pasaron de estar recorriendo las calles de su ciudad a convertirse en víctimas de una persecución mortal?

La respuesta judicial estableció responsabilidades. La memoria de las víctimas mantiene viva la historia.

Porque en San Miguel del Monte, aquella madrugada del 20 de mayo de 2019, no murió solamente un grupo de jóvenes: también quedó expuesta una problemática mucho más profunda sobre el uso de la fuerza, los controles sobre las instituciones policiales y la necesidad de que ninguna versión oficial pueda estar por encima de la verdad.