La tarde del 2 de octubre de 1992, una pelea entre presos en la Casa de Detención
La Policía Militar de São Paulo recibió la orden de ingresar para recuperar el control del pabellón. Lo que siguió terminó convirtiéndose en una de las tragedias penitenciarias más recordadas de Brasil.
Cuando la intervención terminó, 111 presos habían muerto y aproximadamente otros 35 habían resultado heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó posteriormente que numerosos internos murieron cuando estaban desarmados y en situación de indefensión.
La situación previa también fue señalada en las investigaciones. La CIDH indicó que el sector del penal donde ocurrió la rebelión alojaba más del doble de la cantidad de personas para la que había sido diseñado. El organismo cuestionó además la actuación de las autoridades civiles durante la respuesta al conflicto.
De los 111 fallecidos, 84 no tenían una condena firme, según la documentación presentada ante organismos internacionales. El dato se convirtió en uno de los aspectos centrales de las críticas posteriores sobre la actuación estatal.
El episodio también dejó una profunda huella entre las familias de los internos. En los días posteriores hubo dificultades para obtener información sobre los fallecidos y sobrevivientes, mientras comenzaban las investigaciones para determinar cómo se había desarrollado la intervención policial.
La dimensión de la tragedia quedó reflejada en una cifra que atravesó las décadas: 111 personas privadas de su libertad murieron durante la operación.
Una causa judicial que atravesó décadas
La investigación penal comenzó poco después de la masacre, pero el proceso avanzó lentamente y estuvo marcado por recursos, anulaciones y nuevas instancias judiciales.
Uno de los principales acusados fue el coronel Ubiratan Guimarães, quien comandó la operación. En 2001 fue condenado a 632 años de prisión, aunque en 2006 el Tribunal de Justicia de São Paulo anuló esa condena. Meses después, Guimarães fue asesinado en su departamento.
La causa continuó con otros integrantes de la Policía Militar. En 2013 comenzaron los juicios contra grupos de agentes acusados por las muertes ocurridas dentro del pabellón. La gran cantidad de imputados hizo que el proceso fuera dividido en diferentes etapas.
En 2016, el Tribunal de Justicia de São Paulo anuló las condenas de decenas de policías que habían sido declarados culpables. El tribunal sostuvo, entre otros argumentos, que era necesario analizar individualmente la conducta de cada acusado y cuestionó que las decisiones de los jurados hubieran sido compatibles con las pruebas del expediente.
La disputa judicial llegó nuevamente al Superior Tribunal de Justicia. En 2021, el ministro Joel Ilan Paciornik restableció las condenas dictadas por los tribunales de jurados, al considerar que no correspondía anularlas por supuesta contradicción con las pruebas. Ese mismo año, la Quinta Sala del STJ confirmó por unanimidad esa decisión.
Décadas después, Carandiru continuaba apareciendo en los informes de la CIDH como un caso emblemático de las dificultades para investigar y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de violencia policial y penitenciaria.
La masacre también quedó instalada en la cultura brasileña. El nombre Carandiru pasó a representar no solamente aquel pabellón de la antigua Casa de Detención, sino también el debate sobre el hacinamiento, las condiciones de las cárceles, el uso de la fuerza y la responsabilidad del Estado frente a las personas bajo su custodia.
El complejo penitenciario fue finalmente desactivado y demolido años después. En el lugar donde alguna vez funcionó la Casa de Detención se desarrolló posteriormente el Parque da Juventude, en una transformación urbana que contrastó con la memoria de una de las jornadas más trágicas de la historia penitenciaria de Brasil.
A más de tres décadas de aquel 2 de octubre, Carandiru permanece como una referencia ineludible para entender la violencia carcelaria en Brasil y las dificultades que pueden surgir cuando una tragedia de enormes dimensiones debe ser reconstruida judicialmente muchos años después.


















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