Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que dos exempleadas presentaran una nueva denuncia ante la Justicia española por presuntos hechos de explotación laboral y agresión sexual.
Las mujeres, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura, aseguran que los episodios ocurrieron durante 2021, cuando trabajaban en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
La presentación fue realizada ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de España y cuenta con el acompañamiento legal de Women’s Link, organización que asesora a las denunciantes.
Según el relato de las mujeres, Iglesias habría utilizado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para imponerles condiciones laborales que describieron como intimidantes y degradantes.
Denuncian acoso y agresiones sexuales
Las exempleadas sostienen que durante el período en el que trabajaron para el artista fueron sometidas a situaciones de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que consideran abusivas.
Una de ellas relató que Iglesias la habría llamado reiteradamente a su habitación al finalizar su jornada laboral y aseguró que se sentía “como un objeto, como una esclava”.
La segunda denunciante también describió episodios de presunto contacto sexual no consentido y aseguró que el cantante habría tenido comportamientos inapropiados con ella.
Ambas mujeres señalaron además que existía un ambiente de control y temor, en el que supuestamente eran amenazadas con perder sus empleos si se negaban a cumplir determinadas órdenes.
Qué delitos podría investigar la Justicia
A partir de los hechos denunciados, Women’s Link consideró que la situación podría ser analizada bajo figuras vinculadas con trata de personas, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones y trato degradante, además de posibles vulneraciones de derechos laborales.
Las mujeres también denunciaron que no contaban con contratos laborales formales y que, según su experiencia, existían requisitos particulares para acceder a los puestos de trabajo.
Entre ellos, señalaron que las candidatas debían tener entre 25 y 35 años y enviar fotografías de su rostro y de cuerpo entero.
Una denuncia anterior había sido archivada
La nueva presentación se produce después de una denuncia anterior que había sido archivada por la Fiscalía española en enero de 2026, poco tiempo después de que los hechos tomaran estado público.
En aquella oportunidad, el Ministerio Público consideró que la Justicia española no tenía jurisdicción suficiente debido a que los hechos denunciados habían ocurrido fuera del territorio español.
Ahora, la organización que representa a las mujeres sostiene que existen fundamentos legales para que España pueda intervenir en determinadas circunstancias cuando ciudadanos españoles son denunciados por hechos cometidos en el extranjero.
También invocó las obligaciones asumidas por el Estado español a través de tratados internacionales de derechos humanos.
Piden medidas de protección
Además de solicitar que se investiguen los hechos, Rebeca y Laura pidieron medidas de protección ante la Justicia.
Jovana Ríos Cisneros, directora de Women’s Link, sostuvo que las denunciantes necesitan que los Estados garanticen mecanismos efectivos para acceder a la Justicia y que las investigaciones puedan avanzar cuando existen indicios de posibles vulneraciones de derechos humanos.
“La Justicia debe investigar los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos”, señaló la representante de la organización.
La respuesta de Julio Iglesias
Julio Iglesias ya había rechazado las acusaciones cuando se conoció la primera denuncia a comienzos de año.
A través de sus redes sociales, el cantante negó haber cometido abusos o haber ejercido coerción sobre alguna mujer.
“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, expresó Iglesias.
La nueva presentación judicial vuelve a poner el caso bajo análisis y ahora será la Justicia española la que deberá determinar si corresponde avanzar con una investigación y establecer, a partir de las pruebas disponibles, las circunstancias de los hechos denunciados.
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