El conflicto legal y financiero que envuelve al empresario Alfredo Nivardo Molina escala a un nivel de máxima tensión: su defensa técnica brindó declaraciones exclusivas a Nuevo Diario para exponer una postura que cruza frontalmente al contador José Ruiz.

Lejos de convalidar las denuncias públicas sobre presuntas maniobras irregulares, el abogado Sebastián García Gorostiaga encuadró el diferendo en una severa interrupción de la cadena de pagos y salió al cruce de los señalamientos iniciales que circulan en la denuncia. En esa línea argumental, la representación legal desmintió de plano que Molina haya vendido clandestinamente por $10.000.000 el fondo de comercio del bar Agave a espaldas de su titular, adjudicando el cierre del local gastronómico al "robo del local y a una acumulación de deudas", la cual se habría visto agravada por "un posterior cambio de cerraduras ejecutado por el propio denunciante original" en las instalaciones.

Sin embargo, para la asistencia legal de Nivardo Molina el cortocircuito gastronómico es apenas "la superficie visible" de un trasfondo mucho más complejo: "el colapso de operaciones financieras y compromisos de capital que desataron la desesperación de los acreedores". En ese escenario, sacó a la luz "un grave episodio de coacción perpetrado en la oficina comercial" del microcentro. Según el relato del letrado, un hombre irrumpió para exigir respuestas por fondos caídos, despojar a Molina de su celular y exhibirle una fotografía de su hijo junto a datos filiatorios sobre el domicilio y la vida universitaria de su hija, profiriéndole "advertencias que motivaron una denuncia penal".

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Mientras la fiscalía evalúa los pasos a seguir en las actuaciones, el expediente acumula presentaciones cruzadas que mantienen un frente judicial de final abierto con denuncias cruzadas.


Lo que reclama José Ruiz y el trasfondo financiero que Molina busca desactivar

Mientras la defensa de Alfredo Nivardo Molina intenta encuadrar el conflicto en una mera caída comercial, la vereda de enfrente enciende las alarmas en los Tribunales y expone un panorama financiero mucho más espeso.

Del lado del denunciante, el contador José Ruiz sostiene que detrás de la fachada de los negocios gastronómicos se habría "estructurado un pasivo que habría dejado a inversores atrapados sin respuestas". En la presentación que circula por los estrados provinciales ya se deslizarían sumas que "superarían los márgenes de una simple interrupción de pagos", abarcando desde vehículos hasta operaciones con divisas que se evaporaron de un día para el otro.

Para el sector afectado, el cierre abrupto del bar Agave y el posterior "cambio de cerraduras" no son más que maniobras para blindar bienes mientras los compromisos se acumularían.

En medio de este fuego cruzado, donde los montos exigibles continúan pesando en el expediente, la pulseada judicial promete multiplicarse con nuevas medidas que buscan demostrar que la crisis no fue un accidente fortuito, sino un rojo financiero largamente tejido.