En la política argentina existe una vieja tentación que atraviesa a casi todos los gobiernos: cuando la realidad no acompaña el relato, se intenta ajustar el termómetro para que deje de marcar la fiebre. Esta semana, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a encender las luces de alarma sobre este punto, al advertir que las estadísticas oficiales sobre la pobreza muestran una foto vieja y distorsionada de lo que ocurre en los hogares del país.

El debate no es técnico ni menor, porque toca el corazón mismo de la discusión económica actual. Mientras el Gobierno nacional celebra una baja sostenida en los índices de pobreza tras el salto inicial de su gestión, los investigadores de la UCA plantean una mirada mucho más cauta y crítica. Según sus mediciones alternativas, la pobreza actual se ubica en torno al 42,4%, casi diez puntos por encima de las cifras que difunde el INDEC. Pero el dato más inquietante del estudio es otro: al corregir las distorsiones en la forma de medir, la mejora social respecto de finales de 2023 prácticamente desaparece, e incluso sugiere que hoy hay más argentinos bajo la línea de pobreza que al inicio del mandato.

Para entender por qué dos instituciones serias llegan a conclusiones tan distintas sobre un mismo país, hay que mirar adentro de la cocina de los números. La explicación de la UCA apunta a tres fallas centrales en el cálculo oficial:

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- Una canasta que quedó en el tiempo: El INDEC mide lo que cuesta no ser pobre usando hábitos de consumo de hace casi dos décadas. Hoy, los servicios públicos, el transporte y las comunicaciones pesan mucho más en el bolsillo de una familia que antes. Al usar una estructura vieja, el organismo oficial subestima los fuertes aumentos tarifarios de los últimos años. Para la UCA, una familia tipo necesita hoy alrededor de dos millones de pesos para cubrir sus gastos básicos, un monto entre un 17% y un 27% más alto que el que toma como referencia el Estado.

- El golpe real de diciembre de 2023 y enero de 2024: La devaluación y la liberación de precios de aquellos primeros meses provocaron un salto brusco en el costo de vida. Según el observatorio, el impacto social de aquel arranque fue más profundo y duradero de lo que reflejan las planillas oficiales, y la recuperación posterior resultó mucho más lenta y limitada.

- Cambios en la forma de preguntar: La UCA también señaló que el INDEC modificó a fines de 2024 el modo en que releva los ingresos en su encuesta de hogares. Ese cambio técnico hace que hoy se capten ingresos que antes no aparecían, generando una mejora en los papeles que no necesariamente se traduce en mayor poder de compra en la calle.

Esta discusión sobre la calidad de los datos oficiales se vuelve aún más relevante cuando se observa el otro gran trofeo que exhibe el oficialismo: el superávit fiscal. Desde la Casa Rosada se repite que las cuentas públicas están en orden por primera vez en décadas, pero distintos análisis económicos y reportes periodísticos vienen señalando que ese equilibrio tiene mucho de contabilidad creativa y poco de solución de fondo.

El mecanismo es sencillo de entender: cualquier familia puede mostrar que le sobra plata a fin de mes si deja de pagar la luz, el gas y las cuotas que debe. A escala nacional, buena parte de ese resultado positivo se construyó pateando hacia adelante compromisos financieros básicos. El caso más evidente fue la deuda acumulada con las empresas generadoras de energía a través de Cammesa, a las que el Estado les postergó pagos millonarios durante meses para luego ofrecerles bonos a largo plazo en lugar de dinero en efectivo. A eso se sumó la licuación de jubilaciones y partidas sociales, junto con la paralización casi total de la obra pública.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía y el oficialismo rechazan estas críticas. Sostienen que la metodología del INDEC es la misma que se heredó de gestiones anteriores, defienden la transparencia del organismo y aseguran que la baja de la inflación es el verdadero motor que está sacando a millones de personas de la pobreza. Respecto de las cuentas públicas, argumentan que ordenar el descalabro fiscal recibido requería medidas de emergencia y que hoy los flujos de pago se encuentran normalizados.

Sin embargo, el contraste entre los números del escritorio y la experiencia cotidiana deja una pregunta abierta. Cuando las estadísticas oficiales dependen de canastas desactualizadas y el superávit se sostiene postergando deudas que tarde o temprano habrá que pagar, el riesgo es gobernar mirando un espejo que devuelve una imagen más amable que la realidad. En economía, como en la vida, esconder las facturas debajo de la alfombra nunca significó haberlas pagado.