Un fallo judicial en los tribunales civiles de San Isidro expuso una compleja trama intrafamiliar y sentó un fuerte precedente. Un hombre de 43 años, que crió a dos menores bajo la profunda convicción de que eran propios, logró una condena económica contra su expareja y su propio primo tras confirmar, mediante un análisis de ADN, que en realidad eran los padres biológicos de los niños.

La historia se remonta a 2010, cuando la pareja inició su convivencia. Dos años después nació su primera hija, y posteriormente, en 2015 y 2017, llegaron los dos varones que el hombre reconoció legalmente en el registro civil. Sin embargo, para 2018, las sospechas de una relación paralela comenzaron a quebrar el vínculo. El damnificado descubrió que su mujer mantenía un amorío con su familiar directo y, ante la duda sobre su paternidad, recurrió a un estudio genético privado. El resultado del laboratorio fue incontrastable: su perfil no coincidía con el de los menores.

Con la prueba científica sobre la mesa, el hombre acudió a la Justicia. En 2021, un juzgado de familia impugnó la filiación y estableció legalmente la paternidad del primo. Lejos de dar por cerrado el caso, en 2023 el damnificado avanzó con una demanda civil contra ambos, exigiendo una compensación económica por las consecuencias psicológicas y morales del engaño.

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Durante el proceso civil, la estrategia de los demandados apuntó a minimizar los hechos. La expareja argumentó que la relación había atravesado varias separaciones, mientras que el primo aseguró que el demandante sabía de los encuentros sexuales, pero que todos ignoraban de quién eran los niños hasta que se abrió el sobre con el ADN.

La jueza a cargo desestimó estas excusas y centró su resolución en la responsabilidad de la omisión. La magistrada determinó que la madre tenía el deber absoluto de informar a su pareja que había mantenido relaciones con otra persona durante el período de concepción. Al callar, ambos incurrieron en lo que el fallo definió como un "ocultamiento negligente", una conducta que vulneró el derecho del hombre a conocer la verdad sobre su identidad familiar y afectó gravemente su dignidad.

Por este motivo, la Justicia dictó sentencia en primera instancia y condenó a la mujer y al padre biológico a pagarle al demandante, de forma conjunta, una indemnización de 1.500.000 pesos en concepto de daño moral.