El plan "motosierra" no se toma vacaciones y esta vez el golpe lo recibió un sector clave para los argentinos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sufrió un recorte brutal de su planta en lo que los gremios califican como un desguace planificado.
La decisión se ejecutó este lunes en Posadas, Misiones, donde 21 de los 84 trabajadores fueron notificados de su despido ante escribano público. La medida, que le costará al Estado unos 800 millones de pesos en indemnizaciones, llega apenas tres semanas después de que asumiera Rodrigo Correa, un contador designado por el gobierno de Javier Milei que no tiene antecedentes en la actividad yerbatera.
Tensión y denuncia gremial
Desde ATE no ocultaron su sorpresa y bronca. Denunciaron que entre los echados hay dos delegados con fueros gremiales y advirtieron que esto es solo el comienzo de un "vaciamiento". "Los fueron llamando uno por uno para comunicarles la cesantía", relataron fuentes sindicales, que ven en esta maniobra un avance hacia la desregulación total del mercado, tal como impulsa la gestión libertaria desde el DNU 70/2023.
¿El fin de la protección al productor?
El INYM, creado tras las históricas protestas de los "tractorazos" para defender el precio de la hoja verde, perdió el poder de fijar valores de referencia. El resultado ya se siente en el bolsillo del productor: precios congelados en $280 (igual que en 2023) y pagos diferidos a 180 días. Con el organismo desguazado y sin control sobre nuevas plantaciones, el sector teme volver a la crisis de los 90, mientras la motosierra sigue encendida.
