Un debate jurídico que revuelve el estómago llegó a la máxima instancia judicial del país y amenaza con sentar un precedente peligrosísimo. A diez años del brutal asesinato de Julieta González en la provincia de Mendoza, la defensa del hombre condenado a prisión perpetua busca tumbar la carátula de femicidio agarrándose de un argumento frío y calculador: aseguran que no le corresponde la pena máxima porque la víctima y su verdugo no eran novios formales, sino amantes.

El crimen ocurrió el Día de la Primavera de 2016 y sacudió a toda la región de Cuyo. Julieta tenía apenas 21 años cuando desapareció sin dejar rastros. Seis días después, su cuerpo apareció atado de pies y manos en una zona montañosa de Cacheuta, en Luján de Cuyo, destrozado a golpes. Todas las miradas apuntaron de inmediato hacia Andrés Salvador Di Césare, de entonces 26 años e hijo de un poderoso empresario del transporte mendocino.

La reconstrucción del horror determinó que el 21 de septiembre Julieta se encontró con él, discutieron y el sujeto la llevó en su auto hasta la precordillera, donde la asesinó salvajemente a piedrazos. Las pruebas científicas hallaron piel del acusado bajo las uñas de la joven, sangre de ella en el vehículo y hasta búsquedas en el teléfono de Di Césare sobre pruebas de ADN en fetos y cómo deshacerse de un cadáver. Para la fiscalía, el móvil estaba clarísimo: la mató a sangre fría cuando ella le confesó que estaba embarazada.

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Sin embargo, el camino hacia la justicia fue un calvario. En 2019, un tribunal le dio apenas 18 años por homicidio simple al considerar que no eran pareja. Recién en 2021, la Suprema Corte mendocina revirtió ese escándalo y lo condenó a perpetua por femicidio, marcando la brutal asimetría de poder y la violencia de género ejercida contra la joven.

Ahora, el expediente aterrizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si el vínculo ocasional o extramatrimonial deja afuera el agravante del Código Penal. "La discusión es muy fina jurídicamente; si eran amantes, entonces no hay una relación de pareja. Para concluir eso, se basan en un artículo del Código Civil", advirtió en diálogo con TN la abogada querellante Carolina Jacky, quien además sufrió en carne propia el poder económico de la familia del asesino al ser denunciada ante el Tribunal de Ética por llamarlo "femicida" en los medios.

La preocupación de la letrada es total, ya que una resolución favorable a Di Césare podría provocar un efecto dominó nefasto: "Esto abriría la posibilidad de que otros condenados por femicidio logren la libertad, como lo lograría hoy el condenado en el caso de Julieta", alertó en la misma entrevista con TN.

Mientras los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —junto a los conjueces Rocío Alcalá y Gustavo Castiñeira— analizan el fallo que puede cambiar las reglas de juego en todo el país, la familia de la víctima mastica bronca e impotencia. "No es enojo lo que siento, es cansancio. Están defendiendo lo indefendible. Si la Corte hiciera lugar al planteo de la defensa, sería una locura que este femicida saliera de la cárcel", sentenció Gabriel González, el hermano de Julieta, resumiendo el sentir de quienes llevan una década peleando para que el crimen no quede impune.