La situación denunciada alrededor de Ueno Bank en Paraguay abrió un debate que también tiene puntos de contacto con la realidad argentina: el manejo de los fondos públicos, la responsabilidad de los organismos y los controles sobre las entidades financieras. En diálogo con el Multimedio LV11 y Nuevo Diario, el contador público nacional Carlos Alberto Torres analizó el conflicto desde una perspectiva económica y política, cuestionó la presunta asignación de recursos estatales a un banco privado y explicó por qué considera que el escenario paraguayo no debe confundirse con el corralito argentino en 2001.

El profesional santiagueño, que mantiene una estrecha relación personal y comercial con Paraguay, sostuvo que el principal interrogante no pasa únicamente por la situación patrimonial de una entidad financiera, sino por las decisiones políticas que habrían permitido su crecimiento y su participación en la administración de recursos públicos.

«¿Por qué el Estado paraguayo, en vez de disponer todos esos fondos de jubilación y fondos del Estado, los pone en un banco privado?», planteó durante la entrevista.

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El recuerdo del 2001

Durante la conversación, Torres hizo una referencia directa a uno de los episodios económicos más traumáticos de la historia argentina: la crisis bancaria de diciembre de 2001. También hizo referencia a las diferencias en las exigencias de encaje bancario entre ambos países.

El problema, según su análisis, aparece cuando los ciudadanos dependen de una entidad para recibir pagos, realizar compras, acceder a sus ahorros o mantener en funcionamiento sus actividades comerciales.

En ese punto, la comparación con Argentina adquiere una dimensión social: la importancia de preservar la confianza pública en el sistema bancario y evitar que las decisiones financieras terminen perjudicando a los sectores más vulnerables.

Más comparaciones

Más allá de las diferencias económicas entre Argentina y Paraguay, Torres dedicó buena parte de la entrevista a cuestionar la relación entre las entidades financieras y el poder político.

El contador sostuvo que el crecimiento de Ueno Bank habría estado acompañado por decisiones gubernamentales que facilitaron su expansión y el acceso a recursos estatales. En ese contexto, formuló cuestionamientos sobre las presuntas vinculaciones entre dirigentes políticos y la entidad. También describió supuestas irregularidades contables y crediticias que, de confirmarse, podrían haber comprometido la situación patrimonial del banco.

El problema político comienza cuando las decisiones sobre el dinero público quedan expuestas. Aunque no formuló una acusación concreta contra el Gobierno argentino ni señaló una situación equivalente en nuestro país, sus declaraciones plantean interrogantes que exceden las fronteras paraguayas.

Son preguntas que surgen del análisis del contador y que adquieren especial importancia cuando están involucrados fondos destinados a jubilaciones, prestaciones sociales u otras obligaciones estatales.

Finalmente, insistió en que el análisis de cualquier crisis bancaria debe contemplar tanto la responsabilidad de las administradoras de las entidades como la actuación de los organismos públicos encargados de supervisarlas. Su exposición dejó una reflexión que conecta el escenario paraguayo con la experiencia argentina: la estabilidad financiera no depende solamente de la fortaleza de los bancos, sino también de la transparencia de las decisiones políticas y de la capacidad del Estado.