El expresidente de Paraguay Santiago Peña enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas al intervenido Ueno Bank y podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con las figuras penales que contempla la acusación fiscal.
La fiscal Verónica Valdez explicó que la posible sanción responde a la acumulación de distintos hechos punibles. Durante una conferencia de prensa, señaló que el marco penal previsto para el exmandatario contempla una pena máxima de 15 años de cárcel.
La causa también involucra a otras 27 personas relacionadas con Ueno Bank y empresas vinculadas al grupo económico, entre ellas ocho exdirectivas de la entidad. Para estos últimos, el fiscal Francisco Cabrera indicó que la expectativa de pena podría alcanzar los 12 años de prisión.
El Ministerio Público imputó a Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La acusación sostiene que habría tenido intervención en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes fondos públicos y previsionales dentro de la entidad financiera.
Además, los investigadores señalaron que el exmandatario mantenía vínculos económicos y societarios anteriores con Ueno Holding, conglomerado empresarial propietario del banco intervenido.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran una participación accionaria del 1,58% en Ueno Holding, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono de la firma Itti, perteneciente al mismo grupo económico. Según la acusación, Peña vendió sus acciones en marzo de 2025, cuando ya ejercía la presidencia.
La situación judicial se agravó luego de que el exjefe de Estado fuera destituido el viernes pasado, tras un juicio político en el que fue declarado responsable de mal desempeño de sus funciones por el escándalo financiero.
Por su parte, el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la prisión preventiva para garantizar que Peña permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso. Como lugar de detención, estableció el Regimiento Guardia Presidencial, ubicado en Asunción.
La investigación continuará con el análisis de las operaciones financieras y las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de modificar las calificaciones legales a medida que avance la causa.
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