En diálogo con Nuevo Diario, el abogado Gabriel Coronel Chalfón relató los episodios de amenazas e intimidaciones que habría sufrido junto a su esposa, la también abogada Macarena Barrionuevo. Según contó, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando ambos llegaban al Palacio de Tribunales. Mientras se encontraban en la calle, escucharon que una mujer les gritaba insultos y advertencias, situación que generó preocupación por el tenor de las expresiones.

El episodio habría continuado dentro del edificio judicial, donde el profesional volvió a escuchar los gritos y logró identificar a María Soledad Castelli como la persona que los habría proferido. Entre las expresiones que le atribuyó mencionó: "Negro de mierda, un olor a mierda hay", "ya van a ver con quién se metieron" y "ya se les va a acabar". Según su relato, los dichos estuvieron dirigidos hacia él y su esposa, en un ámbito donde ambos habían concurrido por cuestiones vinculadas con su actividad profesional.

Pero, según el abogado, los hechos no se limitaron a esos encuentros. Semanas antes también habría recibido mensajes intimidatorios en su teléfono celular, a través de WhatsApp y desde un número desconocido. Esa situación se sumó a los episodios presenciales y fue incorporada a la denuncia.

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Para Coronel Chalfón, las amenazas estarían vinculadas con su intervención como querellante en otra causa penal por presuntas estafas y amenazas, en la que Castelli se encuentra involucrada junto a Ramiro Petros y Rolando Castellanos.

A partir de la denuncia, la jueza de Control y Garantías Erika Casagrande Valdueza resolvió imponer una prohibición de acercamiento de 100 metros respecto del abogado, su esposa y el grupo familiar de ambos, por un plazo de 120 días.

La medida comprende sus domicilios, lugares de trabajo y cualquier espacio en el que se encuentren, con el objetivo de evitar nuevos episodios de contacto o intimidación.

Además, la resolución establece que Castelli deberá abstenerse de realizar actos de hostigamiento, intimidación o perturbación, tanto de manera directa como a través de terceros o por medios digitales. El incumplimiento de la disposición podría derivar en una investigación por desobediencia judicial.