La Cámara de Apelaciones suspendió la continuidad de la audiencia de revisión por el secuestro agravado ocurrido en abril de 2020 en Monte Quemado. La causa tiene como principal condenado a Francisco Cristian “Tala” Aranda, quien recibió una pena de 14 años de prisión. La postergación se produjo porque no pudieron localizar a los imputados que fueron absueltos en el juicio oral ni a su abogado defensor.

La audiencia debía continuar con la exposición de los argumentos de las defensas y la respuesta del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Luis Gabriel Gómez apeló las tres absoluciones dictadas en primera instancia y también cuestionó el monto de dos condenas, por considerarlas inferiores a las penas que había solicitado.

En la sala estuvieron los abogados Farrá Serlé, en representación de Cristian Aranda, Walter Mercado y Noelia Mansilla, y Marcelo Goitea, defensor de Salvatierra, Pérez y López.

Sin embargo, el tribunal se encontró con un obstáculo: no pudo concretar las notificaciones a los acusados absueltos, entre ellos Ariel Edgardo Díaz y Facundo Matías Díaz, ni obtener respuestas de su defensor particular, el doctor Cavalotti.

Según se expuso durante la audiencia, desde el ámbito judicial intentaron comunicarse por distintas vías, pero los números telefónicos eran bloqueados cada vez que procuraban establecer contacto.

La situación impide avanzar con la revisión de las absoluciones, ya que los imputados deben estar debidamente notificados y contar con asistencia legal antes de que la Cámara resuelva los recursos que podrían modificar el fallo.

Ante la falta de respuestas, los magistrados resolvieron intimar formalmente al abogado para que se presente o informe si renunció a la representación. En caso de no hacerlo, podrían designar un defensor oficial para garantizar la continuidad del proceso.

La audiencia quedó suspendida y se prevé que sea reprogramada para principios de diciembre, una vez que se regularice la situación de las notificaciones y la representación legal.

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Un secuestro para recuperar mochilas con droga

La investigación se inició por un violento episodio ocurrido en abril de 2020, en plena pandemia, en Monte Quemado. Según la acusación fiscal y los testimonios incorporados al expediente, un grupo de siete personas habría secuestrado a cuatro vecinos, entre ellos un niño de 11 años, para recuperar unas mochilas con estupefacientes que se le habían extraviado a Aranda.

Las víctimas habrían sido trasladadas por la fuerza, maniatadas y sometidas a simulacros de ejecución para que revelaran dónde se encontraba la droga.

Después de casi ocho meses de búsqueda policial, Aranda fue detenido y llevado a juicio. El tribunal lo condenó a 14 años de prisión, mediante la unificación de una pena de 11 años por este hecho con otra condena previa de tres años en suspenso dictada en el fuero federal.

Por su parte, Walter Mercado recibió una pena de 11 años de cárcel, mientras que Noelia Mansilla y otros implicados fueron absueltos. Esas decisiones son las que ahora busca revisar la Fiscalía, que pretende revertir las absoluciones y modificar parte de las condenas.

La Cámara deberá retomar el trámite cuando estén garantizadas las condiciones procesales para que todos los involucrados puedan intervenir en la audiencia.