Una cámara oculta permitió descubrir una insólita situación que terminó con la cesantía de un empleado de la Municipalidad de General Roca, en Río Negro, luego de que fuera registrado orinando sobre el escritorio y distintos elementos de trabajo pertenecientes a una compañera.

La resolución fue adoptada por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que confirmó la sanción aplicada por la administración municipal y rechazó el pedido del exempleado para recuperar su puesto, cobrar salarios que dejó de percibir y recibir una indemnización por daño moral.

El caso comenzó cuando la trabajadora advirtió en reiteradas oportunidades un fuerte olor en su oficina y encontró manchas sobre el escritorio, el teclado y otros objetos que utilizaba diariamente. Ante la repetición de estos episodios, decidió colocar una cámara oculta en uno de los parlantes de su computadora.

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Las imágenes obtenidas permitieron observar a un compañero ingresando al lugar y orinando sobre los elementos de uso cotidiano de la mujer. A partir de esas pruebas, la Municipalidad inició un sumario administrativo y posteriormente dispuso la cesantía.

La administración entendió que lo ocurrido excedía un eventual perjuicio sobre bienes públicos, ya que la conducta estaba dirigida específicamente contra la trabajadora y afectaba su dignidad, integridad psicológica y seguridad dentro del ámbito laboral.

El exempleado negó las acusaciones y acudió a la Justicia para intentar dejar sin efecto las resoluciones administrativas. Entre sus argumentos, cuestionó la validez de las grabaciones, la conservación de los archivos y la cadena de custodia, además de sostener que el material audiovisual podía haber sido alterado.

En una primera instancia, la Justicia laboral había fallado a favor del demandante. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia anuló aquella decisión y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Al analizar nuevamente el expediente, la Cámara concluyó que no existían elementos que permitieran acreditar una manipulación de las imágenes y consideró que la secuencia registrada podía reconstruirse a partir de los archivos originales.

Los magistrados también valoraron otras pruebas incorporadas a la causa, entre ellas fotografías, una pericia informática y declaraciones de compañeros de trabajo. Los testimonios permitieron corroborar la existencia de olores y manchas en la oficina, mientras que algunos trabajadores reconocieron al acusado en las filmaciones.

Además, algunas empleadas señalaron que al limpiar las superficies afectadas con lavandina se producía una reacción que asociaron con la presencia de orina.

Para resolver el conflicto, el tribunal tuvo en cuenta el Estatuto del Empleado Municipal, la legislación destinada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las normas provinciales y la Convención de Belém do Pará.

Finalmente, la Cámara consideró que la conducta constituyó una agresión dirigida contra la trabajadora y un acto de violencia laboral que lesionó su dignidad y su integridad psicológica.

De esta manera, la Justicia confirmó la actuación de la Municipalidad y de la Junta de Disciplina, y rechazó definitivamente los pedidos de reincorporación, pago de salarios caídos e indemnización por daño moral.