Todo comenzó la tarde del 26 de enero de 2026, cuando una vecina caminaba realizando compras por la zona de calle Junín y El Bajo, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. En ese trayecto, la víctima extravió una riñonera que llevaba un portadocumentos transparente con su DNI original y una tarjeta Naranja. Una mujer encontró los documentos y, lejos de intentar devolverlos o entregarlos a las autoridades, decidió apropiárselos para dar inicio a un plan criminal.

A partir de allí, la imputada desplegó una masiva suplantación de identidad para saquear las finanzas de la damnificada en distintos puntos de la capital tucumana. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, simulando ser la dueña legítima de los plásticos, concretó compras presenciales y virtuales por un acumulado de $ 3.234.659,08. Poco después, el 24 de febrero, dio un salto mayor: usó los datos filiatorios y recibos de sueldo obtenidos de forma clandestina para abrir una cuenta crediticia en Rapicuotas y sacar un préstamo por $ 2.646.000. Al día siguiente, repitió el golpe en Castillo Central por otros $ 1.985.413,92.

El raid continuó en marzo. El día 8, la sospechosa se comunicó con el call center de Credimás, aportó la documentación robada y retiró plásticos nuevos de la casa central para realizar compras y nuevos pedidos de préstamos por $ 1.217.038,92. En paralelo, engañó a Electrónica Megatone (On City) para encajar un crédito de consumo de $ 2.735.000.

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El asedio financiero se profundizó en abril. El 1 de abril pisó las oficinas de Tarjeta Titanio con recibos de sueldo robados de la plataforma estatal Digituc, abrió una cuenta y gastó $ 1.193.242,91 en comercios céntricos. El 8 de abril por la mañana, se plantó en las cajas humanas de una sucursal del Banco Macro y engañó a los empleados para retirar en efectivo $ 2.084.300 de la cuenta de la víctima.

Días después, el 17 de abril, volvió a atacar en Castillo Central junto a un cómplice. Usando los mismos datos truchos, consiguieron una ampliación de crédito por $ 11.911.304,91: su acompañante firmó como garante para comprar una motocicleta valuada en $ 7.221.000. La estafa siguió el 29 de abril en Tevelin SA, donde falsificó la firma para llevarse tecnología por $ 2.639.141, y cerró el ciclo el 5 de mayo en Mobilar con un crédito de $ 200.900.

El engaño se derrumbó la mañana del 8 de mayo de 2026, a las 11.30. La mujer volvió a presentarse en el Banco Macro para intentar extraer otros $ 100.000 en efectivo, pero un guardia de seguridad la reconoció por el golpe anterior y alertó al cajero. Al cotejar que la firma y los datos biométricos no correspondían, las autoridades del banco tucumano llamaron a la Policía y la arrestaron en plena ventanilla.

La causa cayó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, con la representación del auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto. El proceso judicial culminó mediante un juicio abreviado que le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras ponderar la gravedad del daño, la multiplicidad de entidades afectadas y la absoluta organización criminal desplegada.