La crisis político-económica que vive Brasil tiene la declinación del crecimiento como causa subyacente. Churchill decía hace más de medio siglo que “los gobiernos populistas se terminan cuando se termina la plata para financiarlos” y eso está sucediendo en América Latina. El último año que la región creció fue 2014, aunque menos que años anteriores. En las cuatro elecciones presidenciales que se realizaron ese año en América del Sur (Colombia, Brasil, Uruguay y Bolivia) ganó quien estaba gobernando. Cuatro presidentes fueron reelectos (Santos, Dilma, Tabaré y Evo Morales).
En cambio, en 2015, el crecimiento de la región fue negativo por primera vez desde la crisis global de 2009 y en noviembre perdió el kirchnerismo en la Argentina tras 12 años de gobierno, llegando a la Presidencia un político opuesto al populismo (Macri) y en diciembre, la oposición tuvo su primer triunfo electoral en Venezuela, desde que Chávez llegara al poder a fines de 1998. En 2016, la región volverá a tener crecimiento negativo y será nuevamente la que crecerá menos en el ámbito global.
En febrero, Evo Morales sufrió en Bolivia su primera derrota electoral en un referéndum para tener un cuarto mandato consecutivo, en abril el centroderecha podría ganar las presidenciales en Perú y hay quienes piensan que esta ola de cambio político-electoral puede extenderse a América Central, si Ortega es derrotado a fines de este año, cuando intentará ser electo por cuarta vez consecutiva. Pero este proceso regional en Brasil se está dando en forma extrema, ya que la economía cayó 3,8% el año pasado y sucederá lo mismo en el año que se ha iniciado. En algunos indicadores, Brasil está viviendo la peor crisis económica en un cuarto de siglo y en otros en cuatro o cinco décadas.
El tema de la corrupción como detonante de crisis políticas, se agrava cuando la economía se frena o retrocede. Si la economía crece y el nivel de consumo es alto y los indicadores sociales mejoran, la tolerancia de las sociedades latinoamericanas frente a la corrupción se eleva, como sucedió en los años noventa y volvió a tener lugar en la primera década del siglo XXI. Pero cuando esta situación se revierte –y por lo general baja el precio de las materias primas que se exportan– dicha tolerancia se reduce y el cuestionamiento a la corrupción se hace más fuerte en la opinión pública y ello influye sobre la política y la actitud de los tres poderes del Estado. Es que los gobiernos pierden capacidad o poder para incidir sobre el comportamiento de la Justicia.
La corrupción en Brasil no comienza en 2014, cuando se iniciaron las investigaciones por el Petrolao, pero las condiciones para que sea investigada con eficacia por la Justicia, se crean cuando la opinión pública se ha movilizado en las calles, como sucedió en Brasil a partir de ese año.
Pero el tema se extiende en la mayoría de los países de la región, alcanzando a veces a la oposición y no sólo a quienes gobiernan. En Brasil, Dilma, Lula y el PT están en el centro de las acusaciones. Pero también ha sido alcanzado por ellas un enemigo político de Dilma que impulsaba su juicio político (Cunha) y hasta han surgido denuncias sobre supuestas cuentas no declaradas del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
En Bolivia, la responsabilidad de una amante de Evo Morales –y madre de un hijo de ambos– en negocios de cientos de millones de dólares entre el Estado y empresas privadas, ha sido una de las causas de su derrota en el referéndum. Las esposas de los presidentes de Perú (Humala) y de México (Peña Nieto) también han tenido denuncias en los últimos meses. En Argentina, la ex presidenta Cristina Kirchner enfrenta varias causas judiciales por corrupción e irregularidades.
Aún los países de la región mejor ubicados en el ranking de percepción de corrupción que elabora Transparency Internacional, han surgido denuncias de corrupción que afectan a los presidentes en ejercicio: en Chile, alcanzan al hijo y la nuera de la presidenta Bachelet, también las hay que afectan al financiamiento de la campaña de la derecha, y en Uruguay el vicepresidente (Sendic) ha sido acusado de presentar un título universitario falso.
Esta situación se extiende en América Central, donde en Guatemala, a fines de 2015, el presidente y la vicepresidenta que terminaban el mandato fueron detenidos y destituidos por integrar una red de corrupción, en Panamá un ex presidente (Martinelli) es investigado judicialmente por varias denuncias y en Costa Rica sucede otro tanto con la última ex presidenta (Chinchilla).
La cuestión es en qué medida la combinación de un ciclo económico negativo, con demandas éticas crecientes que afectan al sistema político, pueden terminar afectando la gobernabilidad. Brasil vuelve a ser el caso paradigmático.
La posibilidad de que la economía siga cayendo 4% anual en la segunda mitad de este mandato de Dilma (2017-2018), como está sucediendo en la primera (2015-2016), impulsa a quienes sostienen que con ella en el poder no hay posibilidad de recuperar el crecimiento.
Ello tuvo una verificación en estos días, cuando el allanamiento a Lula y el hecho de que fuera llevado a declarar por la fuerza pública, generaron una suba en los mercados de Brasil, que interpretaron había aumentado la posibilidad de que Dilma no terminara su mandato. Va creciendo la opinión de que con ella no hay posibilidad de reconstruir la confianza económica.
En conclusión: la crisis político-económica que sufre Brasil tiene como causa subyacente la caída del crecimiento, en un modelo que en mayor o menor medida se reproduce en el resto de la región; la corrupción como detonante de crisis políticas en América Latina, se agudiza cuando la economía se frena o retrocede y evolucionan negativamente los indicadores sociales; este tipo de crisis se extienden en mayor o menor medida a los demás países latinoamericanos, incluso a aquellos mejor calificados en lo ético, como son Chile y Uruguay y cuando un presidente pierde confianza económica en la región, como sucede hoy en Brasil, crece la idea de que su desplazamiento puede revertir la situación, como muestran hoy sus mercados.
