Durante la gestión de Miguel Galuccio, YPF recuperó su producción de petróleo y gas. Estos resultados fueron apuntalados por una política nacional que parece haber sido hecha a medida, para asegurarle rentabilidad. Pero si las regulaciones del kirchnerismo alcanzaron para un cambio de rumbo de YPF, no ayudaron al resto de las compañías del sector, que siguieron perdiendo producción.
La salida de Galuccio de la conducción de YPF se formalizaría a fines del mes de abril, cuando se cumplan 4 años de la expropiación que llevó al Estado nacional a convertirse nuevamente en socio mayoritario de la compañía. Como resultado de su gestión, YPF recuperó producción de petróleo y gas, luego de 10 años de tendencia declinante, resultados que fueron apuntalados por una política nacional que parece haber sido hecha “a la medida”, para asegurarle rentabilidad. A la luz de los resultados, la superposición de regulaciones y la lógica del “caso por caso” utilizada en materia energética por el kirchnerismo, alcanzaron para un cambio de rumbo de YPF pero no para la mayor parte del resto de las compañías del sector, que siguieron perdiendo producción, y el objetivo del “autoabastecimiento” enarbolado en aquella ley de expropiación de 2012 se alejó cada vez más en el tiempo. En el caso del petróleo, el Gobierno de Macri enfrenta un desafío mayor que su predecesor: revertir la tendencia declinante en un contexto mucho menos favorable, con precios internacionales del petróleo muy alejados de los U$S 100 el barril de los que gozó el kirchnerismo desde 2011. Pero en el caso del gas se presenta una oportunidad ya que, como los precios que la Argentina paga por sus importaciones están atados al precio internacional del petróleo, su descenso los ha ubicado cada vez más cerca del precio promedio que recibe el productor local. Se abre así una oportunidad de diseñar un esquema de precio único cercano al de paridad de importación, que incentive producción, otorgue más certidumbre al inversor, y deje atrás la superposición de programas de estímulo puntuales utilizados en los últimos años, que muestra haber funcionado sólo para pocos.
Al asumir el 10 de diciembre, Macri heredó un esquema de precios internos desvinculados de los precios de referencia internacional, mecanismo que se había transformado en la regla de oro del kirchnerismo para el sector hidrocarburífero. Por mencionar un ejemplo, a mediados de 2014, mientras un inversor petrolero recibía en el mundo más de U$S 110 por cada barril de petróleo, en Argentina recibía, en promedio, U$S 75. A pesar de los precios disociados, con el desplome del precio internacional, la crisis externa se trasladó al escenario local: el Estado nacional dejó de recibir ingresos en concepto de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y, para evitar un ajuste en el sector similar al que comenzaba a vislumbrarse en el resto del mundo, mantuvo el precio de referencia local disociado del internacional, pero esta vez por encima, transformándose así en un precio “sostén”.
En el caso del gas, en los últimos años la distorsión llegó a ser mucho mayor: con una demanda insatisfecha, originada en una producción en caída a la par de aumentos en el consumo, las importaciones que venían a cubrir la brecha se pagaban a mediados de 2014 a U$S 10 el MBTU, mientras que el productor local recibía en promedio, sólo una tercera parte, U$S 3,4 (en 2012 la relación llegó a ser de 4 a 1).
Este promedio incluye una parte de producción que se remunera a U$S 7,5 el MBTU a partir de la implementación de una política de incentivos a la producción de principios de 2013. En enero de este año, en un contexto de precio internacional de petróleo en picada hacia los U$S 30, el Ministerio de Energía decidió dar continuidad a la política implementada por sus predecesores y acordó con las provincias petroleras y los empresarios del sector nuevos precios de referencia para el consumo local, ajustados por calidad, de U$S 67,5 el barril para la cuenca Neuquina y de U$S 54,9 para el petróleo producido en el Golfo San Jorge, muy por encima del precio de paridad de importación. La protección del empleo y la continuidad en el ritmo del nivel de actividad de las localidades que dependen fuertemente de los hidrocarburos fueron los principales argumentos utilizados para explicar la necesidad de mantener protegido al sector. El sobreprecio que pagan los consumidores de todo el país (industria, agro, economías regionales, familias, etc.) por los combustibles derivados del petróleo constituye un subsidio económico, es decir, es una transferencia que hace el resto de la economía hacia el sector petrolero. Esa renta extraordinaria se distribuye entre las petroleras y los trabajadores del sector, los insumos intermedios y las provincias hidrocarburíferas.
El petróleo que se produce para exportar (de diferentes características físico-químicas que el que puede ser procesado en las refinerías locales) también es subsidiado.
A diferencia del que se consume localmente, es el Estado el que se hace cargo del subsidio a las exportaciones, mediante la asignación de una partida presupuestaria.
Esta carga es compartida entre Nación y provincias petroleras: de cada U$S 10 con que se subsidia cada barril de petróleo para exportación, U$S 7,5 son aportados por el Gobierno nacional y los U$S 2,5 restantes por el gobierno provincial.
La Resolución 21/2016 del Ministerio de Energía y Minería establece que la compensación será válida mientras que el precio internacional de petróleo de referencia internacional, Brent, se ubique por debajo de los U$S 47,5.
En un escenario de precio internacional por debajo de ese valor y mismos volúmenes de importación que en 2015, el subsidio alcanzaría los U$S 130 millones en todo 2016.
Con este cuadro de situación, es válido preguntarse si el Gobierno piensa perpetuar el esquema de precios diseñado por el kirchnerismo, o si los acuerdos realizados hasta el momento fueron elaborados en el marco de una estrategia de transición que permita en el mediano plazo un ajuste gradual, que coincida con una convergencia del precio internacional hacia un rango de U$S 50 a U$S 70 el barril.
En el resto del mundo, sin protección, el sector está sufriendo un fuerte ajuste.
En Estados Unidos, donde la producción se da en forma descentralizada y responde a las señales de precios, los equipos en actividad pasaron, en el caso del petróleo, de un pico de 1.609 en octubre de 2014 a los 386 actuales.
Aceptando que los incentivos adecuados para producción e inversión están relacionados con un alineamiento de los precios locales con los internacionales en el mediano y largo plazo, y dado que en la Argentina los precios del barril de petróleo se han mantenido artificialmente en torno a los U$S 70 por casi 5 años, se vuelve necesario revisar las condiciones en las cuales el sector se ha desarrollado hasta este momento, no sólo en materia de infraestructura y logística, sino también en cuanto a sus costos.
Por mencionar un ejemplo, en la Argentina, el costo salarial petrolero promedio mensual no sólo supera las referencias internacionales, sino que además cuadruplica el costo salarial promedio de todo el sector privado argentino.
Un período con precios sostén, que evite un fuerte ajuste de la actividad, parece tener sentido siempre que se definan las condiciones de convergencia para el mediano plazo, permitiendo así a los productores atravesar un período de ajuste gradual y también de aprendizaje (principalmente en el caso de shale oil), pero siempre en un marco de certidumbre, necesaria para todas las inversiones, especialmente en un sector como el hidrocarburífero que tiene alto riesgo geológico, requiere grandes inversiones en capital físico y posee un período de recupero prolongado.
A diferencia de lo que ocurre en el caso del petróleo, en el caso del gas el derrumbe de la cotización del crudo constituye una oportunidad.
La Argentina paga por sus importaciones de Bolivia un precio que se determina a partir de una fórmula que incorpora precios de referencia internacional de cuatro derivados del petróleo. El mercado de LNG (gas natural licuado) define un precio para el producto que utiliza como costo de oportunidad la cotización del crudo.
Como consecuencia del desplome de precios, el precio pagado por los dos tipos de importaciones ha bajado en forma considerable: desde U$S 10 el MBTU hasta U$S 4 en el caso de las importaciones desde Bolivia, y desde U$S 17 a un rango entre U$S 5 y U$S 6 en el caso del LNG.
El precio promedio ponderado, cuando se incorporan los costos de regasificación del gas licuado, se ubica en torno a los U$S 5,4, aún por encima pero acercándose a los precios que hoy recibe un productor local, que varían dentro de un rango de U$S 3 a U$S 4,5 el MBTU, dependiendo de la cuenca y de la proporción del “gas nuevo” dentro de su producción total (por el que se le reconocen U$S 7,5).
Una convergencia hacia un esquema de precio único, en torno al precio al que hoy se remuneran las importaciones, incentivaría inversiones primero hacia los recursos convencionales, que tiene costos más bajos de extracción, pero luego también hacia los no convencionales, en la medida que se avance en el proceso de aprendizaje.
La importancia de incentivar la explotación de todos los recursos y no sólo los no convencionales (a pesar de la privilegiada posición que tiene la Argentina, con el gas representando el 85% de los recursos shale), radica en que el gas representa el 51% de nuestra matriz energética, y la caída en la producción durante una década nos llevó a depender fuertemente de las importaciones, con implicancias muy negativas sobre la balanza comercial y las cuentas fiscales.
En el caso del petróleo, postergar la convergencia hacia los precios de paridad de importación da tiempo para el aprendizaje y evita un ajuste de shock. Pero deberían delinearse las condiciones de convergencia para dar reglas claras y certidumbre para las inversiones, y eliminar en el mediano o largo plazo la transferencia de recursos que hoy le está haciendo el resto de la economía al sector, que termina afectando la competitividad en la logística dada la alta incidencia de los camiones en el transporte de cargas (93%). En el caso del gas, hoy están dadas las condiciones para la convergencia, sin que el resto del país tenga que asumir ese sobrecosto.
