El narcotráfico tiene interrelaciones con factores exógenos al negocio, que al mismo tiempo son facilitadores de su expansión: la desigualdad, el nivel educativo en relación a la calidad de la enseñanza y el índice de desempleo. Asimismo, la tasa de crímenes cometidos anualmente es un indicador del nivel de violencia que es posible explicar como consecuencia de lo antedicho.
En los negocios que se llevan a cabo en el marco de la normativa establecida, los desequilibrios tanto positivos como negativos, producidos por el mercado o por cualquier tipo de regulación, se ajustan en términos generales a través de la variación de los factores de producción, tierra (locaciones, edificios, sucursales), trabajo (mano de obra calificada o no), capital (inversiones financieras o capital acumulado) y conocimiento (desarrollos o benchmarking).
Asimismo, en los casos donde esos desequilibrios tienen un origen por fuera del marco legal, toma intervención el Estado impartiendo justicia y restableciendo de alguna manera el equilibrio, para que todos los actores se sientan contenidos en ese marco consensuado socialmente. Tanto la generación del marco legal como la contención o no de los actores económicos genera consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales.
La instalación de los negocios ilegales como el narcotráfico, su desarrollo y masificación, constituyen una paradoja que resulta de difícil explicación desde la perspectiva de una variable.
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que entre 1990 y 2010 la desigualdad de ingresos aumentó un 9% en los países de altos ingresos y un 11% en los que se denominan “en vías de desarrollo”. La desigualdad monetaria es medida tradicionalmente a través del coeficiente de Gini (0% es perfecta igualdad y 100% es perfecta desigualdad). En este caso, luego de analizar los índices de Gini de 127 países, es posible establecer promedios por región, siendo Europa (del este y oeste) el continente con menor desigualdad (31,7 entre ambas), mientras que América Latina promedia un 49,2%.
La mayor parte de los gobiernos ve la problemática desde la perspectiva de la pobreza y trabaja en la creación de programas para reducirla o mitigarla a través de programas de asistencia alimentaria o económica, cuando en realidad la pobreza es una consecuencia de la desigualdad como factor de desequilibrio social.
La desigualdad es más compleja para su comprensión y lleva más tiempo la generación de propuestas para reducirla o establecer resultados mensurables respecto de su reducción, y no genera beneficios electorales para la política en el corto plazo, porque es un factor cuya modificación es de carácter estratégico.
Latinoamérica es la región más desigual del planeta, pero asimismo es también donde se concentra, según datos de la Undoc (Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga), el 60% de la producción y los mayores niveles de consumo. México, Bolivia y Colombia lideran en cuanto al cultivo y procesamiento de drogas, mientras que Argentina (2,8%) es número uno a nivel mundial junto con España, en porcentual de consumo respecto de su población.
Pobreza cero
Los programas generados a nivel gubernamental, destinados a paliar situaciones de crisis alimentaria y de ingresos, son todos de corto plazo, generan beneficios electorales a 2 y 4 años, pero en ningún caso reducen los factores que generan la desigualdad.
En el contexto de lo analizado, la seguridad como política pública juega un rol ambiguo. Mientras las fuerzas policiales y/o represivas de los negocios de marco ilegal, con el transcurso del tiempo y los procesos de ajuste económico llevados a cabo por los distintos gobiernos, se transforman en fuerzas genéticamente corruptas, su acción represiva produce efectos de corto plazo, pero no modifica la matriz de causas que propician la producción y el consumo de drogas, así como tampoco la corrupción policial.
Un país puede destinar la mitad de todo su presupuesto al “combate al narcotráfico”, pero si no ataca los verdaderos factores que generan la desigualdad, jamás podrá cambiar la realidad. Esto es así, porque al mismo tiempo en el que se puede incrementar la compra de armas y el reclutamiento de efectivos, crecen las organizaciones delictivas que en base al crecimiento económico del narcotráfico se encuentran en condiciones de “comprar” voluntades, callarlas, disponer de pandillas que patrullen zonas y hasta financiar candidatos a distintos estamentos del Estado nacional, quienes luego de acceder al gobierno “no pondrán el mayor énfasis en combatir lo ilegal”.
En nuestro país, las zonas más vulnerables son espacios donde existe una seguridad paralela a la que brinda el Estado. Con similares características a los servicios de seguridad que se brindan en las zonas de mayor poder adquisitivo, en las zonas más pobres el narcotráfico brinda un servicio de seguridad paralelo, que se alimenta del “silencio” de los vecinos, a quienes el negocio ilegal beneficia con acceso a servicios como iluminación, cloacas, etc. o inclusive con la posibilidad de brindar “empleos” como empaquetadores, distribuidores, seguridad, etc.
En la convivencia institucionalizada del Estado y el capitalismo con el narcotráfico y el narcocapitalismo, se juegan el financiamiento los negocios derivados como la venta de armas cuyos ingresos crecen a través del incremento del gasto en seguridad ciudadana por un lado y la seguridad de la ilegalidad por el otro. Asimismo, la inversión en campañas de dirigentes políticos (en Argentina es cada vez más frecuente), a través de redes financieras de lavado y la corrupción policial, constituyen actores de un nuevo sistema integral y paralelo del cual sólo estamos viendo el principio.
El problema no se reduce a la intervención de una fuerza u otra, a la cantidad de balas o los planes de reducción de la pobreza. El narcotráfico es un problema mucho más importante y complejo, al cual no se le da la trascendencia que requiere, ni se ponen a disposición los especialistas transdisciplinarios que la realidad demanda.
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