Con el anuncio del aumento de los jubilados y el mecanismo para saldar la deuda con el sector pasivo, Macri ha retomado la iniciativa política y he vuelto a imponer la agenda. Entre abril y mayo perdió la iniciativa política que quedó en manos de la oposición, que impulsó la sanción de la “emergencia ocupacional” votada por todos los sectores del Peronismo en ambas Cámaras del Congreso y apoyada por las cinco centrales sindicales (las tres peronistas y las dos no peronistas).
Esto coincidió con el malestar social generado por la inflación de abril que fue en términos mensuales la más alta desde 2002 y un nivel de movilización y protesta creciente, al finalizar un cuatrimestre en el cual el Gobierno trató de limitar las erogaciones, generando conflictos en diversas áreas. Ahora, el Gobierno presenta una iniciativa a la cual será difícil oponerse, no sólo porque mejora el ingreso de los jubilados, sino porque busca resolver la deuda con ellos y también incorpora un subsidio universal a la vejez para todos aquellos adultos mayores que no tengan jubilación, por un monto que es el 80% de la jubilación mínima, con lo cual la totalidad de ellos tendrá prestación social.
Al mismo tiempo, esta iniciativa le permite dar “contenido social”, a dos iniciativas económicas (el blanqueo y la venta acciones de la Anses), que presentadas en forma aislada tienen más resistencia. Al mismo tiempo, el gobierno comienza a hacer efectiva la transferencia de 38.000 millones de pesos a las provincias y amplía a 5.000 millones la primera cuota de la devolución de los fondos de las obras sociales retenidos durante el kirchnerismo a los sindicatos.
La iniciativa pasó ahora al Congreso, que así volvió a adquirir protagonismo. El Ejecutivo optó por presentar las tres iniciativas (erogación para el sector pasivo, blanqueo y venta de acciones de la Anses, más algunas más), a través de una “ley ómnibus”, que tiene más de 600 artículos. Ello tendrá el problema de que la discusión puede prolongase, pero la ventaja de que sólo se tratará en una ley y en una sola votación de resolverá toda la iniciativa.
El proyecto entrará esta semana en Diputados, donde el oficialismo tiene una situación más difícil, al tener sólo un tercio de la cámara. Cabe señalar que en la última votación, 147 diputados votaron a favor de la “emergencia ocupacional”, 3 lo hicieron en contra y los 88 de Cambiemos se abstuvieron. La discusión no será difícil en cuanto a la erogación para el sector pasivo, pero lo será al blanqueo y la venta de acciones.
El oficialismo tratará de tener despacho de comisión en la semana que se inicia el 6 de junio y media sanción en la semana que comienza el 13. Si lo lograra -aunque hoy no parece fácil que lo haga tan rápido- el proyecto pasa al Senado, donde la relación con los gobernadores que ha mejorado tras el acuerdo de devolución de fondos, hace más fácil la sanción. Si todo fuera así, a comienzos de julio la ley podría tener sanción definitiva. A su vez el 15 de junio, el Senado ha sido convocado para tratar el acuerdo para la designación de los dos miembros de la Corte propuestos por el Ejecutivo. En cambio, la reforma judicial se encuentra en vía muerta, y la devolución del IVA a los alimentos básicos para los sectores vulnerables se ha demorado ya meses.
Pero la protesta social es un conflicto complejo para el gobierno, al igual que el manejo de la seguridad pública. En la semana que se inicia, movimientos piqueteros como Barrios en Pie llevarán nuevamente la protesta a la calle, cortando una veintena de vías públicas incluyendo acceso a la Ciudad de Buenos Aires, reclamando aumento de los subsidios sociales. Hoy, jueves 2 de junio, las dos centrales sindicales no peronistas realizan una movilización de protesta contra el veto de la “emergencia ocupacional”.
El mismo día, la central sindical peronista que lidera Moyano realiza una veintena de “ollas populares” con el mismo sentido, pero sin realizar medidas de fuerza. A día siguiente, se reúne el Comité Central Confederal de la CGT, que ratificará el proceso de unidad de las centrales sindicales peronistas, que culminará en agosto. En el interior del país, la región más conflictiva hoy es la “Patagonia Sur”-Tierra del Fuego y Santa Cruz- situación que se ha extendido al resto de la Patagonia -Chubut, Río Negro y Neuquén- siendo el aumento de tarifas un conflicto creciente que origina diferencias entre los Ministerios de Interior y Energía.
En materia de seguridad pública, el aumento de secuestros en la región metropolitana -Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense- y los conflictos entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires, por el encubrimiento de las barras bravas muestran que el área sigue careciendo de una política efectiva. Ya sea la protesta social o la inseguridad, el Gobierno se muestra vulnerable en el “control de la calle”.
La cuestión de la justicia ocupa un rol central tanto por las denuncias de corrupción, como por las relaciones con la Iglesia y las diferencias dentro de la coalición oficialista. Las investigaciones que avanzan sobre el kirchnerismo se extienden, amenazando a la ex presidenta sin que el oficialismo parezca impulsar esta situación. La posibilidad de que el juez Casanello sea desplazado de la causa Báez aumenta el riesgo de Cristina de verse involucrada en ella, como ya lo ha planteado un hijo del empresario detenido.
La investigación de un primo del presidente (Calcaterra) y la reactivación de la denuncia sobre su declaración patrimonial muestran que el oficialismo aunque en menor medida, también está enfrentando problemas en el ámbito judicial. La visita que realizan esta semana al Vaticano un grupo de jueces y fiscales federales encabezados por el propio Presidente de la Corte (Lorenzetti), confirma una vez más la relevancia política que tiene el Papa respecto a la Argentina.
La audiencia que concedió a Bonafini fue atenuada por un el mensaje conciliador enviado a Macri con motivo del 25 de Mayo y por la homilía moderada del arzobispo de Buenos Aires (Poli), en el Tedeum de ese día. Carrió impulsa su denuncia contra Lorenzetti citando nuevos testigos por supuestas irregularidades en la obra pública del Poder Judicial, algo que no parece coincidir con la posición de la Casa Rosada. Esta semana, la UCR realiza una cumbre para insistir con su propuesta de convocar un acuerdo político nacional, lo que por ahora resiste el PRO.
