El fallo de la Corte Suprema de Justicia supone un revés más político que económico para el Gobierno de Mauricio Macri y no se corre del hábito del máximo tribunal de dictar pronunciamientos “salomónicos” en casos de gran trascendencia nacional.
La decisión de la Corte refutó los argumentos oficiales esgrimidos para no convocar a audiencias públicas al decidir en marzo pasado los aumentos en las tarifas del gas, tanto en el transporte como en la distribución y hasta amplió esa requisitoria al incremento fijado al gas en boca de pozo.
Así, anuló parcialmente los aumentos en el gas y penalizó la tozudez presidencial de insistir en el procedimiento original.
Colateralmente reprobó a Macri donde prometió ser más sólido, el pregonado respeto por los marcos legales y las instituciones.
En ese aspecto, el presidente ya había quedado en posición adelantada al designar por decreto a los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
En resumen, el cambio cultural que pretende Macri en materia del uso de la energía —pero también en otras viejas mañas argentinas— no puede ser aplicado con una topadora.
Con el fallo ya publicado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que el Gobierno ya no discutirá la cuestión y acatará la decisión de la Corte, a diferencia de los cuestionamientos públicos que solía hacer Cristina Kirchner.
Internamente, el Gobierno también reaccionó con tranquilidad. Después de tanta polémica, la decisión no resultó tan nociva como potencialmente podría haber sido para su política económica porque se limita únicamente a los usuarios residenciales y no se pronuncia sobre el precio sino sobre el mecanismo.
En principio, los aumentos de hasta el 400% para usuarios residenciales se aplicarán una vez que se realicen las audiencias públicas —Peña habló de sumar aportes de otros sectores— y retroactivamente quedan anulados y los de hasta el 500% de comercio e industria siguen vigentes.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Rosatti —Rosenkrantz asumirá el lunes— evitaron hacer consideraciones respecto de los nuevos costos de la tarifa, a diferencia de lo que un día antes había hecho la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Para el Gobierno, eso significa que la Corte “dejó en claro la potestad del Poder Ejecutivo de fijar las tarifas” y fijó una hoja de ruta para seguir también en otras decisiones cuestionadas, como en las tarifas de luz que ya están en manos del tribunal.
