Todo sucede en horas. Un video aparece, se replica, se edita, se comenta. Los nombres se vuelven tendencia. El algoritmo elige un bando y el resto lo sigue. A veces la escena es clara; a veces no. Pero el resultado se parece demasiado: alguien queda marcado. Y cuando el señalamiento se instala, el “derecho a defensa” se vuelve un lujo de papel.
En los últimos días, el caso de Agostina Páez, investigada por la Justicia brasileña tras un episodio en un bar de Ipanema, corrió por redes con velocidad de incendio. Según las publicaciones periodísticas, la mujer quedó bajo medidas restrictivas (monitoreo con tobillera electrónica y retención del pasaporte) mientras avanza la investigación; en paralelo, denunció amenazas y episodios intimidatorios ligados a la exposición pública del hecho.
Más allá de lo que determine un expediente —y de lo reprochable que puede ser una conducta discriminatoria—, el caso sirve como espejo de otra cosa: la condena social sin juicio, esa maquinaria que se activa en Argentina (y no solo) cada vez que el dedo encuentra un rostro.
En el plano judicial, la historia de Páez todavía está en curso. Hubo denuncias, medidas, contrapuntos, aparición de material nuevo y discusiones sobre contexto y calificaciones legales.
En el plano social, en cambio, el veredicto suele estar listo antes de que la causa tenga carátula definitiva: culpable o monstruo, sin matices, sin preguntas, sin posibilidad de reparar.
Ahí nace el problema: la sociedad no espera. Y las redes, menos. Porque la plataforma no premia la prudencia: premia la frase fulminante, el chiste cruel, el recorte que confirma lo que ya queremos creer.
La condena social funciona así: toma un fragmento del mundo (un video, un audio, un posteo), lo simplifica hasta hacerlo consumible, lo vuelve “moral” (“esto está bien o esto está mal”) y después lo monetiza en forma de atención. Cuando eso pasa, la persona deja de ser persona: se transforma en símbolo. Y al símbolo se le puede hacer cualquier cosa.
La economía de la indignación: por qué el castigo se vuelve viral
La indignación es una emoción poderosa. Y en redes, además, es una moneda porque consigue adhesiones rápidas, identidad de grupo (“yo estoy del lado correcto”) y pertenencia instantánea.
Investigaciones recientes sobre comportamiento online muestran cómo la “indignación moral” tiende a potenciar la circulación y la interacción —likes, reposts, comentarios— incluso cuando eso no se traduce en acciones más profundas. Un estudio con publicaciones en X vinculadas a peticiones encontró que expresiones de moral outrage se asociaron de manera única con mayor viralidad (más “me gusta” y republicaciones).
¿Traducción callejera? El sistema empuja contenido que hace reaccionar. Y la reacción más fácil es el enojo. Por eso el debate público se degrada en “paredón” y la complejidad pierde por nocaut frente al clip de 12 segundos.
Argentina conoce el “escrache” desde hace décadas. En su origen, tuvo una lógica, la de denunciar impunidad cuando el Estado no respondía. Pero el ecosistema actual es distinto: ya no es un método, es un reflejo. Y muchas veces deja de buscar justicia para buscar otra cosa: humillación, escarmiento, destrucción.
El señalamiento digital castiga en simultáneo:
Nombre y apellido (la marca es indeleble: Google no olvida).
Trabajo (nadie quiere contratar “un problema”).
Familia (parientes expuestos, hostigados, culpados por proximidad).
Cuerpo y mente (amenazas, miedo, ansiedad, aislamiento).
Vida privada (filtraciones, doxxing, persecución).
La evidencia sobre daños vinculados a exposición y divulgación maliciosa de datos (doxxing) es seria. Un estudio en adolescentes encontró asociaciones entre victimización por doxxing y depresión, ansiedad y estrés, especialmente cuando se divulgan fotos, videos o datos de contacto.
Y organizaciones internacionales vienen advirtiendo algo clave: lo online puede volverse offline. Un informe difundido por la UNESCO sobre violencia digital contra mujeres periodistas señala que el abuso en línea se vincula con trayectorias de daño fuera de pantalla, y que la intimidación digital tiene efectos reales.
En el caso Páez, medios reportaron amenazas y preocupación por su integridad tras la viralización.
No hace falta coincidir con una persona para entender esto: la violencia no educa. Solo escala.
“Fiscales” de teclado y “jueces” de story: cuando la multitud reemplaza al derecho
En tribunales, con todos sus defectos, hay reglas: pruebas, instancias, defensa, contradicción, proporcionalidad. En redes, no. En redes manda el ritmo del enojo.
La Argentina —como ideal constitucional— sostiene otra cosa. Por ejemplo, la Constitución consagra la presunción de inocencia y la idea de que, en caso de duda, debe resolverse a favor del imputado; además, establece que nadie puede ser “penado” sin juicio previo.
Y, en su artículo 18, afirma que la defensa en juicio es inviolable y recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando pedimos “cárcel ya”: las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo.
Ese marco no es un capricho garantista. Es un dique contra la barbarie. Porque cuando el castigo se decide por aplausómetro, la justicia se vuelve ruleta: hoy le toca a “la mala”, mañana a cualquiera.
Y ojo que esta crítica no es para minimizar conductas repudiables. Racismo, violencia, corrupción, abuso: nada de eso se relativiza. La pregunta es otra: ¿qué hacemos como sociedad cuando creemos estar del “lado correcto”? ¿Buscamos reparación y cambio, o buscamos sangre simbólica?
La hipocresía como método: “Haz lo que digo, no lo que yo hago”
La condena social suele venir envuelta en superioridad moral. Un fenómeno curioso: quienes exigen pena máxima en redes muchas veces no toleran la misma lupa sobre sí mismos. La vara es implacable para el otro y flexible para la propia tribu.
Ahí aparece la hipocresía como método de dilapidación pública:
Se reclama empatía, pero se goza con la humillación.
Se invoca derechos, pero se niega el derecho a defensa.
Se pide “educación”, pero se practica el escarnio.
Se exige “justicia”, pero se celebra el daño colateral.
Esa lógica convierte cualquier debate en guerra: si pides prudencia, sos “cómplice”; si pides pruebas, “defendés lo indefendible”; si dices “esperemos el proceso”, sos el enemigo. Así se clausura el pensamiento.
Cárcel: ¿castigo o reinserción? La discusión que significa de verdad
En Argentina, la cárcel suele ser imaginada como venganza: “que la pase mal”. Pero la norma —al menos en el papel— apunta a otra dirección.
La Constitución santiagueña, por ejemplo, habla de que las medidas de seguridad deben orientarse a la recuperación del delincuente para su reinserción social.
Y la normativa provincial de ejecución penal (Ley 6892) coloca como eje el tratamiento penitenciario y el régimen progresivo con horizonte de reinserción social.
Esto no es ingenuidad: es pragmatismo social. Si una persona va a salir (y casi siempre sale), lo que pase adentro define lo que pasa afuera. Cuando la cárcel se piensa como castigo puro, el resultado es más resentimiento, más violencia, menos reinserción.
Ahora bien: si esto vale para el sistema penal, también debería valer —aunque sea por decencia— para el espacio público. Porque la condena social también reduce a castigo lo que podría ser aprendizaje, reparación, cambio.
La integridad como víctima: honor, imagen, vida privada
Hay un daño que no se repara con una rectificación tardía. En especial cuando la persona queda reducida a meme.
La Constitución provincial protege explícitamente la dignidad, el honor, la intimidad y la propia imagen.
Ese derecho choca de frente con prácticas cotidianas del linchamiento digital: publicar domicilios, teléfonos, fotos de familiares, trabajos, escuelas, lugares frecuentados. Es el paso que transforma un debate público en persecución.
La pregunta incómoda es esta: ¿cuándo nos convencimos de que, por estar “del lado bueno”, tenemos permiso para destruir?
El país del paredón fácil
Lo más inquietante del juicio digital no es que exista indignación. La indignación, a veces, es saludable: marca límites, evidencia abusos, obliga a mirar lo que se escondía bajo la alfombra. Lo inquietante es la velocidad con la que la indignación se degrada en crueldad, y la facilidad con la que esa crueldad se vende como virtud.
Porque en Argentina —digámoslo sin anestesia— se volvió costumbre confundir justicia con escarmiento. Y cuando el escarmiento se vuelve entretenimiento, la sociedad se transforma en un circo con toga imaginaria: todos opinan, todos condenan, todos lapidan… y nadie se hace cargo del muerto que dejan tirado cuando el algoritmo se aburre y sigue de largo.
La condena social es la forma más cómoda de sentirse bueno sin hacer nada bueno. Es una religión de un solo sacramento: señalar. Señalar te da pertenencia, te da identidad, te da una dosis instantánea de superioridad moral. Te permite decir “yo no soy ese” y, con esa frase, lavar culpas propias, miserias propias, contradicciones propias. La hipocresía no es un efecto secundario: es el combustible. “Haz lo que digo, no lo que yo hago”. “Yo no me equivoco, yo no caigo”. “Yo soy el lado correcto”.
Y ahí está el truco: el linchamiento no busca reparación, busca placer. No busca aprendizaje, busca espectáculo. No busca cambiar conductas, busca destruir personas. Por eso el tribunal de la calle no admite defensa, porque la defensa arruina el show. El matiz arruina el show. La duda arruina el show. La prueba arruina el show. Y la verdad —cuando llega tarde— ya no sirve: la verdad no genera la misma adrenalina que la humillación pública.
Entonces aparece esa figura nueva y vieja a la vez: los fiscales que no saben derecho y los jueces que son “pueblo” sin facultad ni expediente. No porque el pueblo no tenga derecho a opinar, sino porque el pueblo, cuando se organiza como turba, deja de ser comunidad: se convierte en multitud punitiva. Y la multitud punitiva no administra justicia: administra miedo. Miedo a quedar del lado equivocado. Miedo a ser el próximo nombre. Miedo a que un recorte te transforme en monstruo. Miedo a que un error —o un hecho todavía discutido— te cueste el trabajo, la calle, la tranquilidad, la familia.
¿Y qué es lo que se pierde cuando se instala esa lógica? Se pierde todo lo que nos separa de la barbarie: el debido proceso, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído. No son palabras de abogados para zafar. Son frenos civilizatorios. Son el recordatorio de que el Estado de derecho existe justamente para que la pena no dependa del humor del momento ni de la sed de sangre de la tribu.
Y ojo: decir esto es entender que una sociedad que combate la violencia con violencia se vuelve parecida a lo que dice combatir. ¿De qué sirve denunciar el odio si después se celebra el hostigamiento? ¿De qué sirve pedir empatía si después se disfruta la humillación? ¿De qué sirve hablar de derechos si después se practica el doxxing como deporte? Hay una incoherencia moral que grita: queremos un país más justo, pero elegimos los métodos del abuso.
Además, el castigo social tiene una característica atroz: es perpetuo. Una causa puede terminar, una sentencia puede revisarse, una pena puede cumplirse. Pero el Google no cumple condena: archiva. El algoritmo no absuelve: sugiere. La marca queda. La sombra se pega al nombre. Y esa es una pena sin juez, sin defensa, sin plazo, sin salida. Una cárcel invisible que se cumple afuera: en el trabajo, en la escuela de los hijos, en la calle, en el cuerpo que se tensa cada vez que suena una notificación.
La Argentina discute mucho sobre cárceles, sobre castigo, sobre “mano dura”, como si endurecer el dolor fuera sinónimo de ordenar la vida. Pero hay algo más profundo: la cultura del paredón. Esa necesidad de encontrar a alguien para sacrificar en la plaza pública —hoy una plaza con Wi-Fi— para que el resto sienta por un rato que el mundo tiene sentido. Es una patología vieja. Lo nuevo es la escala: ahora el paredón no tiene horario, no tiene límites, no tiene humanidad. Y produce víctimas en serie.
Y sí, hay que decirlo con todas las letras: esta maquinaria deja más víctimas de las que estamos dispuestos a contar. Deja víctimas aunque el hecho sea reprochable. Deja víctimas aunque el hecho sea falso. Deja víctimas aunque después aparezcan pruebas nuevas. Porque el daño ya se hizo y la turba ya cobró su salario emocional: el placer de destruir.
Por eso el caso que hoy incendia las redes debería servir para otra cosa: para mirarnos sin excusas. Para aceptar que el problema no es solo “la persona señalada”, sino la comunidad que se organiza para aplastarla. Que el problema no es solo “lo que pasó en un video”, sino lo que hacemos nosotros con ese video: si lo convertimos en debate serio o en guillotina. Si exigimos justicia o pedimos sangre. Si buscamos reparación o buscamos espectáculo.
La pregunta que queda, urgente, es esta: ¿queremos vivir en un país donde cualquiera puede ser condenado por un recorte, por una etiqueta, por una ola de indignación rentable? ¿O queremos vivir en un país donde la justicia sea imperfecta, sí, pero no sea linchamiento? Porque cuando se naturaliza la condena social, nadie está a salvo. Ni el culpable, ni el inocente, ni el que se equivocó, ni el que fue malinterpretado, ni el que simplemente tuvo mala suerte de aparecer en el lugar equivocado con un teléfono apuntándole.
En un Estado de derecho, la sociedad no renuncia al repudio: renuncia a la cacería. Renuncia a la idea de que humillar educa. Renuncia al goce del castigo. Y aprende una lección básica: sin defensa no hay justicia; hay abuso. Sin proporción no hay sanción; hay sadismo. Sin posibilidad de reinserción no hay futuro; hay condena eterna.
El país no se arregla con más dedos acusadores. Se arregla con menos hipocresía, más responsabilidad, y una idea simple que deberíamos tatuarnos antes de compartir, insultar o exponer: la justicia no es un feed. Y cuando la convertimos en feed, lo que gana no es la verdad. Gana el monstruo.
El caso Agostina Páez puede tener su curso judicial donde corresponde. Pero el juicio paralelo —el de los fiscales de teclado y jueces de story— debería interpelarnos a todos. Porque hoy el paredón tiene Wi-Fi, y mañana puede llevar tu nombre.
* Dardo Ávila es periodista de la sección judiciales de Nuevo Diario. Más de 30 años en los pasillos de Tribunales y los ministerios Fiscal y de la Defensa investigando casos de interés público.
