Hay una trampa cómoda —y peligrosa— en la discusión pública argentina: llamar “estilo” a lo que en realidad es una estrategia de poder. Se dice “es así”, “siempre habló fuerte”, “es su personalidad”. Pero una cosa es un dirigente vehemente y otra, muy distinta, un presidente que usa una ceremonia republicana para humillar adversarios, estigmatizar opositores y convertir la discusión política en una escena de escarnio.
La apertura de sesiones no es un streaming, no es una tribuna partidaria, no es un acto de campaña. Es el momento en que el jefe de Estado, por mandato constitucional, le habla al Congreso y al país sobre el estado de la Nación y la agenda legislativa. Esa investidura no neutraliza el conflicto político —nadie pide eso—, pero sí exige un piso mínimo de responsabilidad institucional. Ese piso, anoche, volvió a resquebrajarse.
Y conviene decirlo con precisión: no se trata solo de “malas formas”. El problema es más profundo. Cuando el presidente reemplaza argumentos por insultos, no está únicamente calentando a su tribuna; está enseñando un modo de ejercer autoridad: el que convierte al que disiente en enemigo moral, y al enemigo moral en alguien a quien ya no hace falta escuchar.
Del adversario al delincuente
La columna vertebral del discurso hostil fue visible en los cruces con la oposición. Hubo una secuencia repetida: del desacuerdo se pasó a la imputación moral y de ahí al etiquetado penal. Milei lanzó frases como “manga de ladrones” y reforzó esa línea con descalificaciones ligadas a Cristina Kirchner y al kirchnerismo, en un tono de arenga más que de exposición presidencial. Trató a opositores de “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes”.
¿Por qué esto importa? Porque una democracia sana necesita que el adversario pueda ser criticado con dureza —incluso con crudeza— sin ser reducido a una categoría deshumanizante o totalizante. No es lo mismo decir “sus políticas fracasaron” que decir, en bloque, que “son chorros”, “delincuentes” o “asesinos”. Lo primero, disputa ideas y responsabilidades. Lo segundo aplasta identidades y cancela cualquier posibilidad de deliberación.
En términos políticos, ahí aparece un rasgo clásico del discurso de odio (o, si se prefiere un término menos jurídico, de hostilidad extrema): ya no se confronta con una posición, se degrada a una persona o colectivo para volverlo indigno de interlocución.
Del recinto al show de humillación
Otro tramo fue igual de revelador, aunque algunos lo presenten como “chicana”. Milei dijo que también era presidente de quienes lo cuestionaban “aunque no les guste” y remató con la imagen de la “mano en los bolsillos ajenos” para describir a la oposición. La frase puede ser celebrada como ingeniosa por sus seguidores, pero cumple una función precisa: no responde una objeción, la ridiculiza.
Ese mecanismo tiene rendimiento televisivo y viral, sí. Produce clip. Produce meme. Produce ovación de los propios. Pero también produce algo más grave: convierte al Congreso en escenografía. El recinto deja de ser el lugar de la palabra institucional y pasa a ser el set donde se premia quién hiere mejor.
Y cuando esa escena se normaliza, el mensaje social es devastador: si el Presidente puede hablarles así a legisladores nacionales en una Asamblea Legislativa, ¿por qué un funcionario, un dirigente local, un militante o un influencer debería autocontenerse? La degradación siempre baja en cascada.
La amenaza como recurso
Hay una línea especialmente delicada en este tipo de discursos: cuando el agravio se mezcla con insinuaciones de castigo. En los resúmenes de frases del discurso quedó registrada la secuencia “sigan con las operaciones...”, seguida de una referencia a ir a buscarlos “cuando caigan en la justicia”. Aun si se lo interpreta como una fanfarronada política, el problema es institucional: el Presidente no puede hablar como si administrara la Justicia ni sugerir persecución personal desde el atril.
No hace falta sobreactuar para entender el punto. No se trata de decir que una frase equivale automáticamente a una orden. Se trata de advertir que ese tono, en boca del jefe del Estado, erosiona la frontera entre poderes y naturaliza una idea peligrosa: que quien gobierna puede señalar públicamente a sus opositores en clave de ajuste de cuentas.
La democracia constitucional no funciona así. Funciona, precisamente, poniendo límites a esa pulsión.
No cayó del cielo: hay una matriz comunicacional
El discurso de anoche no apareció de la nada. Se inscribe en una forma de comunicación sostenida. FOPEA presentó en enero de 2026 un trabajo sobre más de 113.000 posteos de Milei en X y señaló que 15,2% de esas publicaciones contenían ofensas; además, describió un patrón de comunicación “plagada de ofensas” hacia quienes piensan distinto.
Ese dato no reemplaza el análisis del discurso en el Congreso, pero lo ilumina. Ayuda a entender que no estamos ante un “se calentó”. Estamos ante un recurso sistemático que combina insulto, estigmatización y amplificación. Y cuando un recurso se vuelve sistemático, deja de ser exabrupto: se vuelve doctrina.
Por eso, el debate que viene no debería quedar atrapado en la grieta más fácil (“me gusta/no me gusta Milei”). La pregunta seria es otra: ¿qué tipo de conversación pública estamos aceptando como normal? Porque hoy el blanco es un bloque opositor; mañana puede ser un periodista, un docente, un científico, un sindicato, una organización social o cualquier ciudadano que incomode.
El costo real de naturalizarlo
Muchos dirán que “la gente ya está curtida”, que “siempre hubo agravios” y que “peor fue antes”. Puede ser. Pero esa comparación infinita con el subsuelo moral de la política argentina no absuelve a nadie. Al contrario: nos condena a bajar la vara cada vez más.
Un presidente puede ser reformista, confrontativo, popular o impopular. Puede ganar elecciones, impulsar leyes y tener respaldo social. Nada de eso le da licencia para dinamitar el lenguaje común. Porque cuando el lenguaje público se pudre, después se pudren los vínculos, las instituciones y hasta la capacidad de distinguir entre una crítica dura y una invitación al linchamiento.
La democracia no se rompe solo con tanques. También se erosiona cuando el insulto ocupa el lugar del argumento y el odio se disfraza de coraje.
El problema no es que Milei grite. El problema es que, desde la Presidencia, está enseñando que gobernar también consiste en humillar. Y una sociedad que aplaude eso en nombre de la eficacia puede descubrir demasiado tarde que, cuando el poder convierte al adversario en basura, después termina tratando igual a cualquiera.
