Han pasado dos años desde la desaparición de Loan Danilo Peña. Dos años de angustia para una familia que continúa esperando respuestas, dos años de incertidumbre para una sociedad que todavía se pregunta qué ocurrió con un niño de cinco años que se esfumó en plena luz del día y, sobre todo, dos años de un fracaso institucional que interpela a la Argentina en su conjunto.
El caso Loan ya excede el ámbito de una investigación judicial. Se ha convertido en un símbolo doloroso de las limitaciones del Estado para proteger a sus niños, esclarecer los hechos y ofrecer certezas cuando una tragedia golpea el corazón de la sociedad. Porque detrás de cada expediente, de cada hipótesis y de cada conferencia de prensa, permanece una realidad insoportable: Loan sigue sin aparecer.
La desaparición de un niño debería constituir una prioridad absoluta, capaz de movilizar todos los recursos del Estado y de generar una respuesta coordinada, eficiente y transparente. Sin embargo, estos dos años dejaron la sensación de un recorrido marcado por contradicciones, cambios de hipótesis, enfrentamientos entre jurisdicciones, filtraciones, especulaciones y una sucesión de episodios que terminaron erosionando la confianza pública.
El fracaso es doble. Por un lado, la Justicia no ha podido determinar de manera concluyente qué ocurrió ni dar con el paradero del niño. Por otro, el poder político tampoco logró construir una respuesta institucional que devolviera certidumbre y confianza a la ciudadanía. La ausencia de resultados alimenta la percepción de que, frente a los casos más sensibles, las estructuras estatales se muestran lentas, descoordinadas y, en ocasiones, impotentes.
Loan no es únicamente un nombre propio. Es el rostro de una deuda pendiente de la democracia argentina. Una deuda que remite a la protección de la infancia, al combate contra las redes de trata y explotación, al fortalecimiento de los sistemas de búsqueda de personas y a la necesidad de que las instituciones actúen con eficacia y responsabilidad.
Cada día sin respuestas profundiza una herida colectiva. Porque una sociedad que no puede saber qué sucedió con uno de sus niños es una sociedad que ve resquebrajarse la confianza en sus instituciones. Y cuando esa confianza se debilita, la democracia también se resiente.
A dos años de la desaparición de Loan, el principal interrogante continúa siendo el mismo: ¿cómo es posible que un país entero, con todos los recursos del Estado y el peso de sus instituciones, no haya podido encontrar a un niño ni ofrecer una explicación convincente de lo sucedido?
La respuesta, cualquiera sea, no puede reducirse a una cuestión judicial. Es, ante todo, un cuestionamiento ético y político. Porque el caso Loan nos recuerda que la verdadera medida de un Estado se observa en su capacidad para proteger a los más vulnerables y responder ante el dolor de las víctimas. Y en este caso, dos años después, la Argentina sigue en deuda.
Mientras no aparezca Loan y no se conozca la verdad, la pregunta seguirá interpelando a toda la dirigencia y a todas las instituciones: ¿qué falló y qué estamos dispuestos a cambiar para que nunca más un niño desaparezca sin dejar respuestas ni certezas detrás de su ausencia?
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Silencio político
El silencio político y la pérdida de centralidad pública del caso pueden ser interpretados como factores que favorecen la impunidad, aunque conviene hacer una distinción: no generan impunidad en términos jurídicos por sí mismos, pero sí crean un contexto social y político propicio para que la búsqueda de la verdad pierda intensidad y las responsabilidades se diluyan.
Hay varias razones para sostener esta idea:
-La desaparición de la presión pública. Cuando un caso deja de estar presente en la agenda política y mediática, disminuye la exigencia social de resultados. Las instituciones tienden a actuar con menor nivel de escrutinio y rendición de cuentas.
-La naturalización de la ausencia de respuestas. El riesgo más grave es que la sociedad se acostumbre a que un niño desaparezca y, con el paso del tiempo, no existan explicaciones satisfactorias. La normalización del fracaso institucional es una forma de impunidad simbólica.
-La revictimización de la familia. El silencio político puede transmitir la idea de que el dolor de las víctimas ha dejado de ser una prioridad para el Estado, profundizando la sensación de abandono.
-La pérdida de una política de Estado. Los casos de desaparición de niños deberían trascender los ciclos mediáticos y las disputas partidarias. Cuando dejan de ser mencionados, se pierde la oportunidad de convertir el caso en un punto de inflexión para mejorar los mecanismos de búsqueda, prevención y protección de la infancia.
-El mensaje hacia la sociedad. La ausencia de debate político puede instalar la percepción de que ciertos hechos, por graves que sean, terminan cayendo en el olvido. Y el olvido es uno de los mayores aliados de la impunidad.
La desaparición de Loan no solo duele por la ausencia de un niño y la falta de respuestas judiciales. También inquieta el progresivo silencio de la dirigencia política. Porque cuando un caso de semejante gravedad deja de ser mencionado en los ámbitos de decisión, el riesgo es que la sociedad naturalice la falta de verdad y que el tiempo se convierta en el principal encubridor de las responsabilidades. La impunidad no siempre se construye con acciones; muchas veces también se edifica con silencios, indiferencia y olvido.
Un país que deja de preguntarse por Loan corre el riesgo de aceptar que la desaparición de un niño pueda quedar sin respuesta y sin consecuencias institucionales.
Difícilmente pueda construirse confianza institucional si un caso de la gravedad de la desaparición de un niño queda relegado de la agenda pública por consideraciones de costo político. La confianza en las instituciones no se edifica únicamente sobre los resultados, sino también sobre la percepción de compromiso, transparencia, empatía y rendición de cuentas.
Desde una mirada institucional, se pueden señalar varios puntos:
La confianza exige presencia del Estado. Aunque no existan novedades en la investigación, la sociedad espera que las autoridades mantengan el tema en la agenda, informen los avances y ratifiquen que la búsqueda de verdad y justicia continúa siendo una prioridad.
-El silencio alimenta la desconfianza. Cuando un gobierno es percibido como distante o reticente a abordar un tema sensible para evitar costos políticos, puede instalarse la idea de que la conveniencia política está por encima de las obligaciones institucionales.
-La legitimidad se fortalece en las crisis. Los gobiernos suelen ser evaluados no solo por sus éxitos, sino por cómo enfrentan los episodios más dolorosos y complejos. Sostener el compromiso puede contribuir a la credibilidad institucional; el alejamiento o la indiferencia tienden a erosionarla.
Hay tragedias que pueden dejar de importar y silencios que terminan reemplazando a las respuestas. Y allí, más que una crisis de gestión, comienza una crisis de confianza en el propio Estado. No olvidar y luchar por la verdad, no abandonar a Loan, es responsabilidad de todos.
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