Ah, la gloriosa década del 90', donde la desregulación era el mantra y el mercado libre, la "solución" a todos los males. Los nostálgicos de esa era estarán encantados de saber que el espíritu de la época está de regreso, cortesía del abogado de Milei. Esta vez, la propuesta es desregular la cobertura de salud para personas con discapacidad ¿quién necesita un Estado que fije costos y garantice prestaciones dignas cuando podemos dejar todo en manos del mercado?
Las organizaciones del colectivo marcharon este miércoles hasta la quinta de Olivos y se movilizaron en varios puntos del país para denunciar que el Gobierno tiene en carpeta un decreto que busca flexibilizar el valor de las prestaciones de salud, lo que afectaría drásticamente la cobertura de unos 300 mil usuarios que están dentro del sistema. Si la norma llegara a entrar en vigencia –el borrador del DNU se filtró en los últimos días– las prepagas y las obras sociales podrían fijar a piacere los montos que les transfieren a los centros de día y de rehabilitación, a las residencias y hogares y hasta a las escuelas de educación especial en concepto de sus servicios. Lo mismo correría para el sector público, tanto para el PAMI y como para el programa Incluir Salud, gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que la medida también traería aparejado un ajuste duro y puro de los recursos estatales peor del que ya está en marcha en el área.
El borrador del DNU, que se filtró (qué coincidencia conveniente), promete dejar a las prepagas y las obras sociales la libertad de fijar los precios de las prestaciones. ¡Ah, el dulce sonido de la competencia! Finalmente, podremos volver a esa época donde la calidad de la atención se medía por la capacidad de pago, el que tenía plata era atendido. ¿Personas con discapacidad de primera, segunda y tercera clase? ¡Claro que sí! La discriminación por poder adquisitivo es el futuro de la "libertad".
Diego Spagnuolo, el abogado del Presidente y ahora director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), parece ser el hombre adecuado para este trabajo. No es que necesite conocimientos en la materia, con haber sido el abogado personal de Milei es más que suficiente. Total, ¿qué podría salir mal al poner en manos inexpertas la salud de miles de personas?
Desde el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncian que la medida puede llevar al cierre de servicios. Las organizaciones advierten que realizarán una defensa cerrada de la ley vigente. "La conseguimos los familiares del colectivo a fines de los 90' y para nosotros fue una conquista de derechos. Con muchas dificultades, en estos años hicimos un recorrido hacia la inclusión, y este Gobierno nos quiere hacer retroceder".
Según los números que manejan las organizaciones, los aranceles que reciben las instituciones y los profesionales individuales por sus prestaciones "están atrasados en un 45 por ciento" respecto del salto inflacionario desde diciembre pasado, y "en un 100 por ciento para los los transportistas". Eso sin contar que las obras sociales recién pagan a 90 o 120 días, y que el Estado lo hace a 45, lo que complica el funcionamiento del sistema.
Buena parte de esos fondos los paga el Estado, a partir del programa Incluir Salud, que sufrió --como casi todas las áreas sociales del Gobierno-- los efectos de la licuadora y la motosierra (en ANDIS ya hubo más de 300 despidos). Las organizaciones le vienen planteando el problema Spagnuolo, sin obtener una respuesta satisfactoria.
En ese marco, las organizaciones temen que el Estado profundize el ajuste y que tanto Incluir Salud como Pami, también habilitadas por el DNU a fijar cuánto pagan a los prestadores, profundicen el ajuste. "Nosotros ya advertimos que esta medida puede profundizar la crisis del sector y llevarnos a una emergencia en materia de salud sin precedentes", aclaran.
En fin, este Gobierno Nacional de turno no nos deja de sorprender como con la excusa de "ser más libres" sacan la libertad real a varias personas que sí la necesita.
DS
Con información de P12
