La investigación de los “sabuesos” de Gendarmería había comenzado hace tiempo. Los efectivos advirtieron que los cigarrillos extranjeros habían “inundado” los kioscos de las ciudades Capital y La Banda. Otros, de marcas nacionales reconocidas que eran entregadas en los comercios, no habían sido vendidas por los distribuidores oficiales en la provincia.
Las averiguaciones de la fuerza de seguridad nacional lograron establecer el local donde se comercializaba la mercadería ilegal que había ingresado de contrabando al país y que era comercializada a bajo precio.
La investigación fue analizada por el juez federal, Dr. Guillermo Molinari, por pedido del fiscal Dr. Pedro Simón, y ordenó allanamientos.
Los uniformados ingresaron en un local de peatonal Pellegrini del centro de La Banda y en un depósito de la localidad de La Dársena. Secuestraron 450 cajas de 50 cartones de cigarrillos cada una. A su vez, los cartones contienen diez atados cada uno. Todo está valuado en $ 10.500.000.
Durante el procedimiento, los gendarmes incautaron 1.200.000 pesos en efectivo, 50 mil dólares (lo que significa $ 1.900.000) y 3.500 euros ($ 149.870). Todo este dinero sería producto de la comercialización de los productos falsificados y de contrabando que ingresaron al país desde Paraguay.
Los acusados tenían como “pantalla” una librería y comercializaban otros artículos legales.
Tomaban los pedidos por mensaje de texto
Las investigaciones develaron que los sospechosos de comercializar cigarrillos falsificados y de contrabando estaban bien organizados. Tenían una amplia clientela de comerciantes en las ciudades Capital y La Banda, especialmente pequeños locales barriales.
Los pedidos se recibían a través de mensajes de texto por Whatsapp y a través de un “delibery” se trasladaba las cajas de cigarrillos para la venta al cliente.
Vendían unos mil paquetes por semana
El dinero en efectivo secuestrado habla de las ganancias que obtenían. Se determinó que vendían mil atados de cigarrillos por semana. Por orden del juez federal, Dr. Guillermo Molinari, los que atendían el local (padre e hijo) fueron trasladados a Gendarmería, acusados de encubrimiento de contrabando, defraudación al fisco y evasión de impuestos. El local está a nombre de la esposa y madre de los sujetos.
