Un supuesto “dealer” deberá asistir durante tres años, dos veces por semana y por dos horas, a un jardín de infantes de la zona norte de la ciudad Capital para realizar tareas comunitarias no remunerativas, como una forma de enmendar el daño ocasionado a la sociedad con la venta de drogas. Esto es lo que se resolvió en una audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, luego de que el Dr. Federico Bothamley, quien actuó como juez unipersonal, hiciera lugar a la propuesta de la “probation” o suspensión de juicio a prueba.
El supuesto hecho delictivo sucedió el 22 de noviembre de 2013. El sospechoso de 36 años, domiciliado en el barrio Sargento Cabral, fue interceptado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas en La Plata y Antonino Taboada, del Bº Alberdi. El sujeto conducía una moto y llevaba un acompañante. En la requisa, se le secuestró al acusado $ 793 y desde el baúl del rodado, una bolsa de nailon con 31 envoltorios con 54 gramos de cocaína.
La fiscal general federal, Dra. Indiana Garzón, consideró que existen “elementos de convicción y de pruebas suficientes para requerir la elevación a juicio”.
Ante esta situación, surgió la propuesta de la “probation” de la defensora oficial, Dra. María Angelina Bossini, de suspender el juicio a prueba a través de tareas comunitarias no remunerativas en un jardín de infantes.
Pero el sospechoso no solo deberá cumplir ciertas reglas de conducta a rajatabla. Deberá fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas y no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas. Si llegara a infringir algunas de estas medidas, será sometido a un juicio oral y público.
