La investigación del fiscal federal, Dr. Pedro Simón, durante la instrucción de la causa, permitió establecer que los procesados obtuvieron préstamos desde 20 mil pesos hasta más de 80 mil, mientras fueron beneficiarios de las pensiones derivadas por fallecimiento irregulares. En este sentido, entre todos generaron un perjuicio económico a la Anses que asciende a 738.100 pesos.
Estas fueron las cantidades que sacó cada uno de los sospechosos: Luis Eduardo Gómez, $ 81.900; José Luis Bracamonte, $ 60 mil; Héctor Eduardo Carabajal, $ 60 mil; Carlos Alberto Cano, $ 60 mil; Héctor Eduardo Lucatelli, $ 60 mil; Oscar Adrián Martínez, $ 60 mil; Ángel Alfredo Castagna, $ 55.200; Carlos Emanuel Ríos, $ 60 mil; Luis Marcelo Villar, $ 61 mil; Mabel Herrero, $ 20 mil; Norma Bracamonte, $ 60 mil; Elvia Miriam Montenegro, $ 40 mil; y Paola Andrea Conte, $ 60 mil. Algunos afirmaron que los obligaron a sacar los préstamos para que se repartiera la asociación ilícita.
Uso de un acta matrimonial apócrifa
El juez federal, Dr. Guillermo Molinari, en la misma resolución, procesó sin prisión preventiva a Rauad Bitar y le trabó un embargo de bienes por 600 mil pesos, luego de que se estableciera que supuestamente trató de obtener una pensión derivada con “el uso de acta matrimonial apócrifa o falsa presuntamente celebrada con Cejas Luisa Silveira”.
“Si bien el imputado negó su participación en los hechos que se le endilgan, reconoció como suya la firma inserta en la documentación exhibida”, fundamentó.
