Una interna societaria en el marco de la aparente situación deficitaria de una empresa de seguridad, derivó en la detención de tres empleados, a los que tras la denuncia de uno de los dueños, la Fiscalía acusó de haber “desvalijado” la sucursal local de dicha firma.
Aunque en realidad el único delito que cometieron fue cumplir la orden de un apoderado, para que trasladen el mobiliario y otros bienes hacia otro local alquilado.
Así lo demostró ayer el abogado Horacio Aníbal Patto, defensor de los imputados Fabiola Cavalieri Enríquez, Alberto Mendoza y Miguel López, para quienes solicitó la excarcelación, lo que —con buen criterio— la jueza de Control y Garantías, Ana Cecilia Vittar concedió, imponiéndoles una fianza personal de 20 mil pesos a cada uno de los imputados, que deberá ser garantizada por el abogado. Además, les impuso restricciones y reglas de conducta a cumplir, ya que restan producir medidas, según dijo la Dra. Ivana Alomo, de la Fiscalía.
Prorrogar detenciones
Tras relatar pormenores de la causa, que se inició con la denuncia de Gabriel Alberto Alcaraz —socio mayoritario— y describir los bienes que supuestamente los imputados habían sustraído desde el inmueble donde funcionaba la empresa —en calle Pellegrini, entre Roca y Olaechea de esta ciudad— la Dra. Alomo solicitó la prórroga de la detención de los imputados, porque a su criterio podrían fugarse o entorpecer las medidas pendientes de realizar.
Apoderado los desvincula
El defensor advirtió que en la causa testimonió el Dr. Rolendio Catán Rivero, apoderado de la empresa, el cual afirmó que fue él quien dio la orden a los empleados para que realicen el traslado del mobiliario hacia un local que había alquilado en Buenos Aires 122, que era de dimensiones reducidas.
Por ello les dijo que pusieran allí todo lo que pudieran y que el resto lo guarden en sus casas o en el domicilio de un exempleado, en el barrio Tradición (E).
Sin embargo, Alcaraz afirmó que Catán Rivero había sido desvinculado de la empresa, lo cual jamás avisó a los empleados implicados.
La denuncia sostenía la sustracción de motocicletas, dos computadoras, una escopeta Itaka, una receptora y gabinetes de alarma, dispenser, cartel luminoso, mesas, sillas, una radio base y la suma de 5 mil pesos, aunque Alcaraz sostiene que eran 10 mil pesos. En allanamientos se recuperaron casi todos los bienes.
