Tres hermanos —dos varones y una mujer—, quienes fueron sorprendidos con cocaína fraccionada, lista para la venta, concurrirán una vez por mes y por una hora, a la parroquia Santo Cristo —en la zona oeste de la ciudad Capital— para realizar tareas comunitarias, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero hiciera lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba o “probation”. Las tareas sin remuneración se concretarán durante un año, lapso en el que los hermanos deberán además cumplir ciertas reglas de conducta, entre ellas no consumir drogas ni comercializarlas.
La resolución fue firmada por el Dr. Federico Bothamley, quien actuó en la audiencia como juez unipersonal. El hecho que derivó en la resolución de la Justicia Federal sucedió entre el 5 de julio y el 8 de agosto de 2017. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó una investigación sobre los sospechosos, quienes se domicilian en el barrio Mosconi. Los policías determinaron que se comercializaba estupefacientes en la vivienda particular a jóvenes de distintas edades. Mantenían una breve entrevista, intercambiaban elementos pequeños, en ciertas oportunidades ingresaban al domicilio y se retiraban a los pocos minutos guardando entre sus prendas pequeños objetos.
La investigación derivó en un allanamiento ordenado por el juez federal, Dr. Guillermo Molinari, lo que se concretó el 17 de agosto de 2017, a las 21.30.
En el patio del frente se hallaron al costado de la maceta, dos envoltorios con cocaína. En la requisa practicada a una mujer de 35 años se le encontraron seis billetes de cien pesos y en el interior de su monedero, 27 envoltorios con cocaína. En la requisa realizada a sus hermanos, de 38 y 40 años, se les incautaron 5 y 2 envoltorios, respectivamente, que contenían la misma droga. En total se secuestraron 12 gramos de cocaína, fraccionada, lista para la venta.
En consecuencia, con la “probation”, se suspendió el proceso judicial a prueba, aunque si los imputados no cumplen con lo acordado, serán sometidos a juicio por infracción a la ley 23.737.
