En una investigación que alcanza a nueve provincias y siete municipios de Buenos Aires, se detectó que más de 500 farmacias en todo el país falsearon recetas para cobrar por medicamentos que nunca vendieron. Una sola lo hizo con más de 60 mil tiras reactivas e insulina.
A Juana A. la llamaron del PAMI y le preguntaron si era diabética. Contestó que no. La misma pregunta le hicieron a Jacinta F., Manuel L. y otros tantos jubilados. Y todos respondieron que no.
Pero sus nombres figuraban en el padrón de diabéticos de la obra social y en recetas que se usaron para obtener la medicación para esa enfermedad.
Los llamados fueron una de las primeras medidas de una investigación judicial en la que se tiene estimado que la obra social fue estafada en al menos 100 millones de pesos por distintas farmacias en todo el país.
Y no solo con afiliados que no padecen diabetes, también con jubilados fallecidos. Según el trabajo que realiza desde 2016 la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el PAMI, 583 farmacias usaron el nombre de 1.133 afiliados muertos para que el organismo pague por 23.330 tiras reactivas y 364 farmacias hicieron lo mismo con 863 jubilados fallecidos para 6.104 productos de insulina.
A eso hay que sumarle los afiliados vivos que no son diabéticos: una sola farmacia de la localidad de San Isidro falseó recetas para cobrar casi 69 millones de pesos por 61.854 remedios, entre tiras e insulina.
La obra social más grande de Latinoamérica, como se presenta el PAMI en su página web, tiene cinco millones de afiliados en todo el país que son jubilados, pensionados y excombatientes de la guerra de Malvinas.
