La Unidad Fiscal de la Circunscripción Choya y Guasayán, representada por los Dres. Gustavo Montenegro y Gustavo Benjamín Zavalía, se opuso al pedido de excarcelación o prisión domiciliaria que impulsó la defensa de dos de los imputados por el salvaje asesinato de Ricardo Artemio Peñaflor, a quien mataron a tiros y luego quemaron en la caja de su camioneta, grave hecho que se enmarca en una disputa por un campo.
Tal petición se planteó a favor de Lindor Alfredo Rodríguez (55) y de Claudia Viviana Pereyra (51), a quienes —como al resto de los imputados— se les endilga el delito de homicidio calificado, por el hecho acaecido en horas de la tarde del 6 de agosto del año pasado.
Argumento de la defensa
La defensa técnica de Rodríguez y Pereyra argumentó dicho pedido en la falta de riesgos procesales, como también en la situación existente en el país a raíz de la pandemia por el Covid-19, indicando que en los lugares de detención sus representados podrían contraer tal grave patología.
Sostuvo que los imputados no podrían entorpecer la investigación, ya que solo restan incorporar informes producto de pericias informáticas, a la vez de indicar que ya se tomaron todos los testimonios, y que sus asistidos hace 245 días que se encuentran privados de la libertad, que es un plazo razonable para culminar una investigación penal.
Por tal motivo solicitó excarcelar a Rodríguez y Pereyra, o en su defecto que les concedan la prisión domiciliaria a ambos.
Oposición de la fiscalía
La fiscalía solicitó que se rechace lo solicitado por la defensa y discrepó en cuanto a los riesgos procesales, afirmando que sí están vigentes, y se opuso argumentando la pena en expectativa por el delito investigado, la cual no posibilita la aplicación de una pena de ejecución condicional, sino por el contrario, una pena de prisión o reclusión perpetua por la naturaleza del hecho, la gravedad del mismo, su complejidad, por la participación de varias personas en la comisión, y las conductas desplegadas por los acusados durante y después del hecho, quienes incineraron la camioneta de la víctima con su cuerpo dentro de la caja, con la intención de eliminar evidencias del crimen que se les imputa.
Una jueza de Control resolverá los planteos de partes.
