Una sentencia de 35 años de prisión expuso la gravedad de una serie de hechos cometidos durante más de una década contra tres menores de edad en la provincia de Jujuy.
El hombre, identificado judicialmente como V. D. Juárez, empresario gastronómico, fue hallado autor penalmente responsable de múltiples delitos y recibió la pena de cumplimiento efectivo tras el juicio realizado por los hechos investigados.
Una condena por múltiples delitos
De acuerdo con la resolución oficial, la condena contempla siete hechos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, cinco hechos de corrupción de menores, abuso sexual simple, amenazas coactivas y amenazas agravadas por el uso de un arma.
También fue declarado responsable por producción de representaciones de partes genitales de un menor de 18 años y tenencia de pornografía infantil. Todos los delitos fueron considerados en concurso real.
Los hechos fueron cometidos entre 2013 y 2024 y tuvieron como víctimas a tres menores.
Una de las víctimas era su propia hija
Según la acusación, una de las víctimas era una niña que comenzó a sufrir los abusos cuando tenía entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían extendido durante varios años y ocurrido en el domicilio familiar.
Otra de las víctimas tenía 13 años cuando, según la acusación, el hombre la llevó hasta su domicilio con un pretexto y abusó sexualmente de ella.
La tercera víctima se encontraba bajo su guarda transitoria. En este caso, los hechos incluyeron reiterados abusos y amenazas de muerte dirigidas tanto hacia la adolescente como hacia su madre para impedir que revelara lo sucedido.
También encontraron material en su teléfono
Durante el allanamiento realizado en agosto de 2024 fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos. Del análisis de uno de ellos surgió la existencia de material de abuso sexual infantil, según informó el Poder Judicial.
La sentencia fue dictada el 31 de agosto de 2026. Hasta que quede firme, el condenado continuará detenido y permanecerá bajo vigilancia, con un dispositivo de monitoreo electrónico.
Además, una vez firme la sentencia, se ordenó obtener su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
El Poder Judicial decidió no difundir el nombre completo ni la imagen del condenado para proteger la identidad de las víctimas, especialmente porque una de ellas tenía vínculo familiar con él.


















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