El Dr. Mauricio Abramzuk, representante del Ministerio Público Fiscal, requirió que se dicte la prisión preventiva para los tres empleados del Juzgado de Faltas de la Provincia que están implicados en un millonario fraude, perpetrado mediante maniobras de desvío de fondos por el pago de multas, e incluso utilizando comprobantes de transferencias falsos.
Tal ilícito le es achacado a Ivo Daniel Carrizo, Felipe Rojas Ocampo y María José Díaz, a quienes se imputó el delito de estafa en perjuicio de la Administración provincial.
Los antes nombrados fueron detenidos por personal policial de la División Delitos Económicos, en allanamientos que el 22 de septiembre de este año se realizaron en domicilios situados en los barrios Costanera y Tarapaya —en la Capital— y en las Torres del Río, situadas a la vera de la autopista Juan Domingo Perón, en La Banda.
El fiscal argumentó la vigencia de los peligros procesales, ya que restan medidas probatorias por producir, en las que —en libertad— los imputados podrían entorpecer.
Además, consideró que se cumplieron los requisitos exigidos por la normativa para el dictado de la preventiva, ya que a su criterio existen evidencias para acreditar el ilícito y la participación de los imputados en la comisión de los mismos.
Planteos de las defensas
Los Dres. Juan José Saín y Lara Lucatelli, Carlos Ríos López y Guillermo Tuma, defensores de Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo, respectivamente, se opusieron al requerimiento fiscal y coincidieron en solicitar que se dicte el sobreseimiento parcial y definitivo por atipicidad de delito, y en forma subsidiaria pidieron la falta de mérito legal y la excarcelación.
La audiencia se extendió hasta casi las 18 de ayer, tras un cuarto intermedio dispuesto al mediodía por la Dra. María del Huerto Bravo Suárez, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, que difirió la resolución para el viernes próximo.
