El expediente del denominado caso Furth sumó este martes 30 de septiembre un nuevo capítulo. Y esta vez la discusión ya no pasa solamente por las imputaciones: la Justicia quiere saber cuánto valen, de verdad, los bienes que las defensas pusieron sobre la mesa para respaldar las cauciones.
El juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Darío Alejandro Alarcón, tuvo por presentados los ofrecimientos de caución real realizados en favor de Matías Llado, Gerardo Ángel Caro y Graciela Alejandra Moyano, pero dejó expresamente aclarado que todavía no existe una aceptación definitiva de esas garantías.
El problema es concreto: según la resolución, parte de la documentación acompañada consiste en copias simples, presupuestos o constancias que no cuentan con firma y sello oficial suficiente para acreditar fehacientemente el valor actual de los bienes.
Y sin valuación oficial, no hay cheque en blanco.
En el caso de Matías Llado, se ofreció como garantía un inmueble perteneciente a Isac Alberto Llado y Eva Beatriz Luna.
Sin embargo, el magistrado ordenó librar oficio al Registro General de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero para que determine quiénes son actualmente sus titulares, qué gravámenes pesan sobre el bien, si existen hipotecas, embargos, inhibiciones, medidas cautelares o restricciones y, además, cuál es su valuación fiscal vigente.
La situación de Gerardo Ángel Caro también quedó bajo revisión. Su defensa ofreció dos vehículos: una Volkswagen Taos Highline 250TSI AT G1, y una Fiat Toro Freedom 2.0 CD AT9 4x4.
La Justicia pidió informes directamente a los registros automotores de La Banda y Tucumán para conocer el estado de dominio, titularidad, prendas, embargos, inhibiciones y cualquier otra afectación. Pero además exigió un dato central: la valuación oficial actual de ambos vehículos.
Para Graciela Alejandra Moyano, la garantía principal propuesta es un Volkswagen Voyage 1.6 MSI, de su titularidad. Como respaldo complementario se ofreció una Yamaha YBR 125 ED, propiedad de Marta Graciela Viscarra, quien aparece como tercera fiadora real.
También en esos casos el juez ordenó informes registrales completos y valuaciones oficiales.
La resolución es clara en un punto: no se están rechazando las garantías, pero tampoco se las considera todavía suficientes.
El magistrado explicó que corresponde verificar previamente tanto la situación jurídica de los bienes como su valor efectivo antes de determinar si alcanzan para cubrir el monto de las cauciones fijadas. Y agregó otro detalle relevante: la garantía deberá establecerse individualmente para cada uno de los imputados.
En otras palabras, la defensa puso propiedades y vehículos sobre la mesa, pero ahora llega el momento de la calculadora judicial.
Hasta que los registros no contesten y las valuaciones oficiales no estén incorporadas al expediente, ninguno de esos bienes tiene todavía el visto bueno definitivo como garantía suficiente.
Una vez recibida toda la información, las actuaciones volverán al despacho del juez Alarcón, quien recién entonces resolverá si las cauciones ofrecidas alcanzan, si deben complementarse o si es necesario adoptar nuevas medidas para constituirlas efectivamente.
El caso Furth, así, suma una nueva pulseada: las garantías fueron presentadas, pero todavía deberán superar el examen patrimonial de la Justicia.


















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