La causa que investiga las presuntas maniobras millonarias dentro de Fürth Automotores tuvo ayer una de sus jornadas centrales. Durante más de tres horas, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, mientras que las defensas cuestionaron la acusación por asociación ilícita.

Los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés sostuvieron que existió una estructura organizada que habría permitido desviar o reasignar pagos de clientes, entregar vehículos sin completar la documentación y generar un circuito de operaciones que todavía se encuentra bajo investigación. Uno de los puntos más fuertes expuestos durante la audiencia fue la situación detectada tras una auditoría.

Según explicó la querella, de 115 unidades que debían encontrarse físicamente en Fürth, solo 23 pudieron ser verificadas en el lugar. Las restantes presentaban distintas situaciones que ahora son analizadas judicialmente. Además, la representación de Fürth señaló que la empresa habría afrontado pagos por alrededor de $5.300 millones a Volkswagen y su estructura financiera.

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En ese punto, sostuvo que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación. Las defensas rechazaron esos argumentos.

Miguel Torres, por Llado, cuestionó especialmente las diferencias que fueron apareciendo en las estimaciones del perjuicio y reclamó una pericia contable independiente. Guillermo Ruiz Alvelda, defensor de Caro, sostuvo que su asistido había sido quien inicialmente denunció las irregularidades y negó que pudiera ser considerado organizador de una asociación ilícita.

Javier Leiva, por Moyano, remarcó que investigar no implica necesariamente detener y cuestionó la existencia de riesgos procesales concretos. El juez de Control y Garantías Gastón Merino dispuso continuar la audiencia hoy por la mañana.

Cómo habría funcionado el circuito de dinero que investiga la Fiscalía

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la explicación de la Fiscalía sobre el supuesto circuito de dinero que habría funcionado dentro de Fürth Automotores. Según los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés, pagos realizados por clientes habrían sido utilizados para cubrir otras operaciones. La acusación expuso además casos concretos.

Entre ellos, mencionó a clientes que habrían entregado importantes sumas de dinero que no fueron registradas íntegramente en sus operaciones, mientras esos fondos presuntamente eran aplicados a otros vehículos. También se puso bajo la lupa la entrega de unidades antes de completar los pagos y la documentación, mediante autorizaciones y remitos manuales.

Estos movimientos son parte de una estructura que excedería simples irregularidades administrativas. Las defensas rechazaron esa interpretación y cuestionaron que todavía no exista una pericia contable independiente que determine cuánto dinero se perdió.

115 vehículos quedaron bajo la lupa de la justicia tras la auditoría

La auditoría realizada tras la denuncia también ocupó un lugar central en la audiencia. Según explicó la querella, Volkswagen revisó la situación de 115 vehículos que debían encontrarse físicamente en Fürth, pero solo pudo verificar 23. Las restantes 92 unidades presentaban distintas situaciones.

Algunas habrían sido encontradas en domicilios no autorizados, otras figuraban como entregadas sin la documentación correspondiente y un tercer grupo aparecía en el sistema como no entregado pese a que ya había sido despachado mediante remitos manuales. La querella sostuvo que varias de esas entregas contaban con autorizaciones y remitos firmados por Caro y Llado, un elemento que fue señalado durante la audiencia para establecer cómo se habilitaban las operaciones.

Durante su exposición, la Fiscalía también mencionó una operación vinculada a Noelia Espeche, esposa de Gerardo Caro, en la que el vehículo habría sido abonado mediante pagos realizados por otras personas. Ese movimiento fue incorporado por los investigadores dentro de las operaciones que buscan reconstruir, una cuestión similar a lo que hizo Matías Llado, con vehículos que figuran a su nombre.

Ahora, las unidades, los registros internos y los movimientos de dinero deberán ser contrastados mediante las medidas de prueba pendientes para determinar qué ocurrió en cada operación.

Asociación ilícita, el punto que enfrentó a la Fiscalía y las defensas

La calificación de asociación ilícita fue uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia. La Fiscalía sostuvo que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura organizada en la que cada uno de los tres imputados habría cumplido un rol determinado. Según la acusación, Gerardo Caro habría ocupado un lugar de conducción, mientras que Matías Llado y Graciela Moyano habrían intervenido en distintas etapas de las operaciones investigadas.

Para los fiscales, esta hipótesis se suma a las presuntas estafas que son materia de investigación. Las defensas rechazaron esa interpretación. Guillermo Alvelda, Miguel Torres y Javier Leiva cuestionaron que existan elementos suficientes para sostener la asociación ilícita y remarcaron que todavía quedan numerosas medidas de prueba pendientes. También discutieron los riesgos de fuga y de entorpecimiento invocados por la Fiscalía. Los abogados sostuvieron que no existen elementos concretos que justifiquen mantener detenidos a sus representados y reclamaron que continúen vinculados al proceso en libertad.

La Fiscalía también puso sobre la mesa los registros migratorios de Caro y Llado, señalando sus antecedentes de viajes al exterior como uno de los elementos considerados al analizar un eventual riesgo de fuga. Las defensas cuestionaron que viajar fuera del país pueda ser tomado, como indicio de intención de evadir el proceso. El juez Gastón Merino continuará escuchando los planteos hoy y luego deberá resolver la situación procesal de los imputados.

Sgoifo advirtió que la auditoría podría revelar a más involucrados

Tras la audiencia, Marcelo Sgoifo confirmó que las auditorías sobre las operaciones cuestionadas continúan y que todavía no existe una determinación definitiva sobre el perjuicio económico. El letrado señaló que, hasta el momento, Fürth habría afrontado unos $5.300 millones ante Volkswagen y su estructura financiera, en concepto de deudas vinculadas con vehículos adquiridos por clientes cuyos pagos, según la hipótesis investigada, no habrían ingresado a las cuentas de la concesionaria.

Consultado sobre la posibilidad de que aparezcan más personas involucradas, Sgoifo sostuvo que, a su entender, una maniobra de estas características no pudo haber sido realizada por una o dos personas. No obstante, aclaró que será la Fiscalía la que deberá determinar si corresponde citar a nuevos involucrados a partir de la evidencia que surja.

El abogado también explicó el mecanismo que, según la querella, habría sido utilizado: un cliente pagaba un vehículo en efectivo, ese dinero no ingresaba a las cajas y posteriormente, la transferencia de otro comprador era aplicada a una operación diferente, generando un circuito sucesivo.

Sgoifo remarcó que la auditoría continúa y que será necesario esperar sus resultados para establecer con precisión el monto del perjuicio y determinar el alcance de las responsabilidades.