El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó ayer a ocho narcotraficantes en un juicio abreviado, luego de que homologara un acuerdo al que llegaron la Fiscalía Federal y los defensores de los imputados en una causa en la que se desentrañó durante la investigación cómo actuaba la banda para traficar, proveer y vender de cocaína y marihuana en las ciudades de Santiago, La Banda y Añatuya.

La resolución de la camarista, Dra. Ana Carina Farías, quien actuó como tribunal unipersonal, recayó en Leonardo Daniel Martínez (conocido como "Bocha", de 42 años y domiciliado en La Rioja al 500 de La Banda) y Ángel David Figueroa (46 y del barrio Centro de La Banda), quienes fueron condenados a seis de prisión por los delitos de comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres personas organizadas para cometerla.

También les impuso una pena de seis años de prisión a Juan José Pereyra ("Juancito", de 39 años y del barrio Colón de la Capital) y Lucas Federico Gómez (46, del barrio Huaico Hondo de la Capital) por comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con la tenencia de armas de guerra sin la debida autorización legal.

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La magistrada además condenó a cuatro años y seis meses de prisión a José Ariel Alvarado ("Negro", de 40 años y del barrio La Leñera de Añatuya) por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con el delito de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización legal.

Asimismo, le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional a Gastón Santiago Figueroa (21, hijo de Ángel Figueroa, del Bº Agua y Energía de La Banda) por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres personas organizadas para cometerla, en grado de partícipe secundario.

Una pena similar de tres años de prisión de ejecución condicional les impuso a Juan Gabriel Aguirre (de 22 años, del barrio La Merced de Añatuya) y Daniel Ignacio Paz (46, del Barrio Tradición Este de la ciudad Capital), por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de partícipe secundario.

Los tres últimos, Figueroa, Aguirre y Paz , recuperaron la libertad, mientras que los cinco restantes seguirán presos e iniciaron el cumplimiento de las condenas en su lugar de detención.

Tras la profunda investigación de Gendarmería Nacional y de las autoridades judiciales federales por la citada causa, se realizaron múltiples allanamientos el 31 de octubre de 2024, ocasión en la que secuestraron casi 302 kilos de marihuana, 525 gramos de cocaína, 6 autos, 8 motos, $ 2.985.150 en efectivo, cheques por seis millones de pesos, 58 celulares, 6 armas de fuego y municiones, entre otros elementos importantes para la causa. Durante los procedimientos detuvieron a siete de los imputados y posteriormente apresaron al octavo.

"Bocha" Martínez, el punto de partida de la investigación de un año

Durante la audiencia se expuso que la investigación se inició el 30 de noviembre de 2023 con una denuncia anónima mediante la cual se informó a la Sección Investigación Antidrogas de Gendarmería la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Señalaba como uno de sus integrantes a Leonardo Daniel Martínez, a quien se conocía como "Bocha". El denunciante expresó que esta persona residía en el barrio Centenario de La Banda y adquiría estupefacientes en Salta o Jujuy para proveer en Santiago y La Banda.

En consecuencia, se determinó que Martínez registraba antecedentes penales por narcotráfico y se hicieron tareas de campo que permitieron establecer su entorno familiar, los rodados que conducía y los distintos desplazamientos al norte del país a fin de abastecerse de marihuana y cocaína.

Fruto de las intervenciones telefónicas se pudo acreditar que el investigado estaba comprometido con el narcotráfico y cuáles eran sus contactos. Así comenzaron a aparecer en el escenario delictivo distintas personas, como su mano derecha Ángel Figueroa, el hijo de este, Gastón Santiago Figueroa (con una participación menor), Juan José Pereyra, la persona de confianza de este último, Lucas Federico Gómez, luego Daniel Ignacio Paz, de quien se pudo determinar que se dedicaba a la comercialización de drogas al menudeo.

Producto de las numerosas intervenciones telefónicas realizadas, apareció en escena un proveedor de Martínez, que residía en la ciudad de Añatuya y fue identificado como José Ariel Alvarado. Con el transcurso del tiempo se pudo desentrañar que ambos mantenían una relación de mutua provisión de sustancias estupefacientes, Martínez de cocaína y Alvarado de marihuana, y que este último actuaba con la colaboración de quien fue individualizado como Juan Gabriel Aguirre, también oriundo de Añatuya.

Sobre todo, recayeron investigaciones centradas en tareas de gabinete, tareas de campo reservadas e intervenciones telefónicas, cuyos resultados sustentaron los respectivos pedidos de allanamiento y detención que se efectivizaron el 31 de octubre de 2024, ocasión en que se procedió al secuestro de sustancias estupefacientes, armas de fuego, municiones, balanzas, sumas de dinero, vehículos y dispositivos móviles, en algunos de los domicilios y fincas allanadas.

En el caso de Pereyra, quien se encontraba prófugo, su detención tuvo lugar recién el 1 de octubre de 2025.

Cabe aclarar que, al cotejar el derrotero de la investigación que duró aproximadamente un año y el resultado de los distintos allanamientos, se pudo determinar que, al momento de concretarse la medida intrusiva, los imputados operaron en relación a la droga que les fuera incautada de la siguiente manera: Por un lado, actuaban de forma conjunta Leonardo Daniel Martínez, su persona de confianza Ángel Figueroa y el hijo de este, Gastón Santiago Figueroa. Por su parte, Daniel Ignacio Leopoldo Paz lo hacía de modo autónomo con una comercialización de drogas al menudeo; no obstante, haber tenido relación, en un principio, con Martínez, ligada siempre al tráfico de sustancias ilegales. Asimismo, Juan José Ramón Pereyra lo hacía con su mano derecha, Lucas Federico Gómez, y el último que apareció en escena, José Ariel Alvarado, lo hacía en complicidad con su persona de confianza, Juan Gabriel Aguirre. Es decir, al momento de la medida intrusiva se pudo verificar que actuaron como grupos autónomos que compartían la misma actividad delictiva.