La ratificación de las condenas en la causa Cautelares no es un episodio aislado. Es el nuevo capítulo de un expediente que comenzó en 2016, atravesó casi una década de planteos judiciales y se convirtió en uno de los casos más sensibles para la justicia santiagueña por la participación de tres exmagistrados y de un empresario periodístico vinculado a LV7 Radio Tucumán.
El origen formal del caso se ubica en una denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán. Según el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, la investigación apuntó a una maniobra mediante la cual, a través de medidas cautelares dictadas por exjueces santiagueños, se ordenaron embargos por más de diez millones de pesos sobre fondos provenientes del Gobierno tucumano.
Desde sus primeros pasos, la causa tuvo un fuerte impacto público. En agosto de 2016, Nuevo Diario informó que el juez Darío Alarcón había ordenado la detención de Luis Manuel Pericás, del empleado judicial Eduardo Antuz y de los exjueces María Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno. En aquella instancia, la investigación mencionaba como elemento de prueba un registro fílmico bancario que habría mostrado movimientos vinculados a un cheque y a una valija con dinero.
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El expediente también involucró a Eduardo Antuz, exempleado judicial. En distintas publicaciones de Nuevo Diario se consignó que Antuz admitió haber entregado oficios a Pericás, aunque sostuvo que actuaba siguiendo instrucciones de su superior jerárquico, el exjuez Tarchini Saavedra, y negó conocer la finalidad de esos trámites.
La causa avanzó con un voluminoso derrotero de recusaciones, pedidos de nulidad, hábeas corpus, apelaciones y planteos defensivos. En 2021, durante el juicio oral, Nuevo Diario consignó que la querella —en representación del Estado tucumano— pidió condenas para todos los implicados, mientras que el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación a través del fiscal Álvaro Cantos.
El caso nació por una denuncia del Estado tucumano y terminó con condenas que ahora fueron ratificadas.Ingrese autor (opcional)
El fallo de primera instancia fue contundente. El tribunal integrado por Daniel Pérez Gallardo, Raúl Santucho y Luis Achával condenó a Pericás por defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. También condenó a los exjueces Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno, a quienes vinculó con prevaricato y defraudación calificada, además de imponerles inhabilitación. Antuz recibió una pena menor como partícipe secundario.
La causa no solo expuso una presunta defraudación económica. También dejó planteado un problema institucional de fondo: el uso de decisiones judiciales para producir efectos patrimoniales millonarios. En la sentencia, el razonamiento jurídico fue más allá del perjuicio económico y apuntó al rol de quienes, desde la función judicial, tenían el deber de proteger la legalidad y no de convertirla en instrumento de una maniobra.
Con la ratificación de la Cámara de Apelaciones, el expediente entra en una nueva etapa. Para la Justicia, las condenas quedaron confirmadas en la instancia ordinaria. Para la sociedad, el caso queda como una advertencia sobre el daño que puede provocar la utilización irregular de herramientas judiciales cuando se combinan intereses privados, decisiones de magistrados y perjuicio al Estado.
La Data:
Origen: denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán.
Año de inicio: 2016.
Hecho investigado: medidas cautelares que derivaron en embargos millonarios sobre fondos públicos tucumanos.
Imputados centrales: Luis Manuel Pericás, tres exjueces santiagueños y un exempleado judicial.
Fallo: condenas por defraudación calificada, prevaricato e inhabilitaciones.
Novedad: La Cámara de Apelaciones rechazó recursos defensivos y ratificó las condenas.
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