El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero, Dr. Pedro Simón, apeló la resolución del juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Argibay, quien desestimó el pedido de apertura de instrucción, rechazó medidas contra el presidente y el tesorero de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, y se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa, tras lo cual envió el expediente a Campana, Buenos Aires, donde se instruyen otras causas por supuestas irregularidades en contra de los dirigentes deportivos.
Sin embargo, el Juzgado Federal de Campana devolvió la causa porque no se habían cumplido los plazos legales para darle la posibilidad a la Fiscalía de apelar la decisión del magistrado.
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La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita agravada y lavado de activos, con un entramado de operaciones financieras, societarias e inmobiliarias que, según la Fiscalía, involucra a dirigentes de la AFA y a su entorno familiar y empresarial. El fiscal Simón sostuvo que su requerimiento de instrucción, de 181 páginas, contenía un detalle preciso de esas maniobras, y acusó al juez de ignorar deliberadamente esa información.
"La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal", afirmó en el recurso. Según el fiscal, allí se especificaban "con vasta precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado" .
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Uno de los ejes de la apelación apunta a la supuesta contradicción del juez. Por un lado, el Dr. Argibay sostuvo que no había un hecho delictivo concreto ni actos de lavado identificables; por otro, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Campana por la posible existencia de una defraudación contra la AFA. "¿Existe una defraudación o no?", planteó el fiscal, al cuestionar la lógica de esa decisión.
El Dr. Simón también rechazó el argumento de que su dictamen carecía de precisión. En el escrito, enumeró operaciones inmobiliarias y movimientos financieros con fechas, montos y participantes, incluyendo transferencias desde la AFA a distintas firmas. Entre ellas, detalló giros por millones de pesos a empresas como Servicios Neurus, Carbellos y Soma, además de operaciones en dólares. En total, señaló que la AFA transfirió más de $3.633 millones a cuentas vinculadas a las sociedades investigadas, un volumen que, indicó, constituye un "indicador de riesgo" que obliga a investigar el origen de los fondos .
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El fiscal sostuvo además que el juez elevó indebidamente el estándar de prueba exigido en una etapa inicial del proceso. Según su planteo, el juez Argibay actuó como si estuviera evaluando una sentencia definitiva, cuando en realidad la instrucción requiere solo un grado de sospecha suficiente para avanzar. "El magistrado confunde el 'objeto del proceso' con el 'objeto de la prueba'", afirmó, y agregó que esa postura "suprime la etapa de instrucción" .
En esa línea, también cuestionó que el juez descartara indicios como el crecimiento patrimonial de los imputados, la facturación entre empresas vinculadas o su inclusión en la base de contribuyentes apócrifos. Para la fiscalía, esos elementos deben analizarse de manera conjunta y son precisamente los que justifican abrir una investigación penal.
Otro punto central del recurso es la descripción del entramado societario y familiar que, según el Ministerio Público, estaría detrás de las maniobras. Allí se ubica a Toviggino como figura central, con vínculos directos con Tapia y con una red de empresas y personas interrelacionadas. El dictamen original, citado en la apelación, detalla cómo se cruzan sociedades, domicilios, cargos y movimientos de dinero para sostener la hipótesis de una estructura organizada.
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El fiscal también respondió a las objeciones sobre el supuesto "ilícito precedente" del lavado. Recordó que en su requerimiento se mencionaron posibles delitos como defraudación a la AFA, evasión tributaria y maniobras cambiarias, y citó incluso un informe del Banco Central que involucra a Toviggino por falta de liquidación de divisas por más de 54 millones de dólares y 80 millones de euros en un período determinado. A su criterio, esos datos desmienten que se trate de referencias genéricas.
Además de cuestionar el contenido del fallo, Simón apuntó contra la forma en que se dictó. En la apelación reconstruyó la secuencia de decisiones adoptadas por el juez Argibay el mismo día en que retomó funciones tras una licencia. Según detalló, en poco más de una hora el magistrado rechazó planteos, habilitó el acceso al expediente a una defensa, recibió pedidos de sobreseimiento y finalmente desestimó el requerimiento fiscal.
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"En tan solo una hora después de haber resumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas", señaló. También cuestionó que el magistrado haya enviado el expediente a otra jurisdicción sin esperar que la resolución quedara firme, lo que, según afirmó, vulneró el derecho de revisión del Ministerio Público.
A partir de estas irregularidades, el fiscal pidió que se analice la conducta de Argibay. Sostuvo que hubo una "violación de la doctrina de los actos propios" y una intromisión en la autonomía del Ministerio Público, además de decisiones que calificó como "dogmáticas" y orientadas a impedir el avance de la investigación.
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En su presentación, el fiscal Simón solicitó que la Cámara declare la nulidad de la resolución, confirme la competencia de la justicia federal de Santiago del Estero y ordene la apertura de la instrucción. También requirió la intervención del Consejo de la Magistratura para evaluar el desempeño del juez. Mientras se continúan con las averiguaciones pertinentes en el marco de la investigación llevada a cabo por el fiscal Simón.
