Según trascendió entre sectores vinculados a los damnificados, Merino había solicitado una licencia por un viaje, habría interrumpido esa licencia para intervenir precisamente en la audiencia que definía la libertad de Gerardo Caro, Matías Lladó y Graciela Moyano, resolvió sus excarcelaciones y luego habría vuelto a pedirla. Si esa secuencia se confirma documentalmente, el episodio es de una gravedad enorme.
Porque la pregunta ya no es únicamente por qué liberó a los imputados. La pregunta es por qué un juez habría alterado su propia licencia para regresar, resolver uno de los expedientes económicos más sensibles de Santiago del Estero y volver a apartarse inmediatamente después.
La causa investiga un perjuicio que ronda los $7.000 millones. La Fiscalía había solicitado prisiones preventivas. El expediente incluye pericias pendientes, movimientos patrimoniales, documentación comercial y una acusación cuya dimensión económica resulta extraordinaria. Sin embargo, los tres principales imputados recuperaron la libertad mediante cauciones de $70 millones para Caro, $70 millones para Lladó y $20 millones para Moyano.
Frente a una cifra cercana a los $7.000 millones, los $70 millones representan apenas alrededor del 1%. Pretender que semejante contraste no genere preguntas sería pedirle demasiado a una sociedad que observa cómo una causa gigantesca termina, al menos provisoriamente, con sus principales acusados fuera de prisión.
Pero incluso ese dato queda en segundo plano frente al capítulo de la licencia.
Si Merino estaba efectivamente de licencia y volvió solamente para resolver esta causa, la Justicia tiene la obligación de explicar por qué. Si suspendió formalmente esa licencia, debe conocerse quién lo autorizó y bajo qué fundamento. Si inmediatamente después volvió a solicitarla, también debe explicarse. No porque tomar licencia sea irregular, sino porque la secuencia resulta demasiado sensible como para esconderla detrás de tecnicismos.
La situación se vuelve todavía más delicada porque damnificados estarían evaluando avanzar contra el magistrado mediante los mecanismos institucionales correspondientes, incluso promoviendo un pedido de juicio político o remoción.
Y ahí la licencia deja de ser un dato periférico.
Se convierte en el centro del escándalo.
Lo ocurrido con Fürth ya no puede reducirse a una discusión técnica sobre riesgos procesales. Ahora hay una discusión sobre confianza pública. Y esa confianza se destruye cuando una sucesión de hechos extraordinarios no encuentra una explicación extraordinariamente clara.
Porque a esta altura la pregunta ya no es solamente qué pasó en Fürth.
La pregunta es qué pasó dentro de la Justicia mientras se decidía Fürth.
Y esa respuesta Santiago del Estero merece conocerla completa.


















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