La Dra. Cecilia Guido, representante de la Unidad Fiscal de Delitos Comunes de la circunscripción Capital, imputó por defraudación de más de 10 millones de pesos a dos mujeres que eran empleadas de Colorshop, el comercio damnificado por el hecho delictivo. Se trata de Yésica Gabriela Aranda y Carla Pamela Acosta, ambas domiciliadas en la ciudad Capital. La primera ya fue notificada y se abstuvo de declarar durante la indagatoria; mientras que la segunda aún no se presentó y podría ser trasladada por la fuerza pública al despacho de la fiscalía.
La investigación se inició tras la denuncia del propietario de Colorshop, Gustavo Alejandro Saad, con el patrocinio del abogado Carlos Felipe Villalba Sández. Los hechos delictivos se habrían producido durante 2024.
De acuerdo con lo expuesto por el damnificado, las imputadas eran encargadas de la venta de todos los productos de las pinturerías y de la cobranza de las ventas realizadas por los distintos tipos de clientes, como la forma de pagos.
El propietario detectó diferencias entre el dinero ingresado en las cajas y los productos vendidos. Ello derivó en que se realizara una auditoría interna. A través del informe realizado por la contadora, se detectó que supuestamente la denunciada Aranda no enviaba los comprobantes de pago por transferencias realizadas a la administración de la empresa, de manera que no quedaban asentadas las operaciones de ingreso y egreso de dinero a las cuentas de la firma comercial.
Los montos que figuraban en el sistema debían ser coincidentes con los recibos emitidos por la empresa y con el dinero de la caja. Sin embargo, el personal encargado de controlar los impactos detectó que ninguna de las ventas facturadas bajo esa modalidad se encontraba acreditada en los bancos respectivos.
Aranda cobraba el dinero abonado por clientes y lo hacía figurar como "transferencia", a efectos de que no se advierta el faltante del efectivo en la caja al momento de su cierre. Incluso, en algunos casos lo facturaba como cuenta corriente, y luego emitía recibo por cobranza, haciéndola figurar nuevamente como "transferencia".
Esta sustracción del dinero presuntamente era compartida entre Aranda y Acosta.
Durante la investigación no se tuvo en cuenta la auditoría, sino otros elementos de prueba, como los testimonios de grandes clientes, a quienes les ofrecían un importante descuento si pagaban la compra en efectivo. No obstante, las imputadas presuntamente las hacían figurar como transferencias bancarias que no ingresaban al sistema del comercio damnificado.
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