La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el exintendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos, en concurso ideal, a raíz del manejo irregular de fondos destinados a obras de infraestructura en esa ciudad.
La resolución fue dictada el 22 de septiembre de 2026 en el legajo caratulado “Rached, Emilio Alberto y otros s/recurso de casación”.El tribunal estuvo integrado por los jueces Daniel Antonio Petrone, presidente, Javier Carbajo y la jueza Angela E. Ledesma.
Por mayoría, la Cámara resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular y confirmó la sentencia dictada previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
Las condenas confirmadas
Rached fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de peculado y malversación de caudales públicos en concurso ideal. La pena impuesta es de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y costas.
En tanto, Ana María Vera fue considerada coautora de los mismos delitos y recibió una pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación absoluta perpetua y costas.
Los fondos estaban destinados a obras en Pinto
La causa estuvo vinculada con fondos públicos girados desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación a la Municipalidad de Pinto para la ejecución de obras de infraestructura y fortalecimiento comunitario.
Entre los proyectos contemplados se encontraban un polideportivo y obras de desagües cloacales, entre otras intervenciones previstas para distintos sectores de la ciudad.
La investigación analizó una serie de operaciones realizadas durante la administración municipal y determinó, según la sentencia confirmada por Casación, que existió un desapoderamiento sistemático de fondos públicos.
Las maniobras que analizó la Justicia
Entre los hechos valorados por el tribunal se encuentra la compra irregular de un martillo compresor usado, operación que habría estado acompañada por una facturación considerada anómala y sobrefacturada.
La resolución también analizó la utilización de la firma Nemesté S.A., una empresa que, de acuerdo con lo señalado en el fallo, no registraba antecedentes vinculados con la actividad de construcción.
Según la sentencia, esa firma habría sido utilizada como una fachada para determinadas operaciones, mientras que los pagos ordenados terminaban materializándose mediante cheques emitidos a nombre de terceros ajenos a los proveedores consignados o de la propia Municipalidad de Pinto.
Otro de los aspectos considerados fueron casos de duplicidad en el cobro de facturas correspondientes a servicios y honorarios profesionales.
La Cámara entendió que estas operaciones formaban parte de las maniobras que permitieron disponer irregularmente de los recursos públicos destinados a las obras.
También se confirmó la malversación de fondos
En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, los jueces analizaron el destino de los intereses generados por fondos que habían sido colocados transitoriamente en un plazo fijo.
De acuerdo con la resolución, esos intereses fueron posteriormente transferidos de manera indebida a otra cuenta municipal de carácter general, apartándose del destino que correspondía a esos recursos.
La Cámara confirmó de esta manera la calificación jurídica adoptada por el tribunal de juicio respecto de esa conducta.
La defensa había planteado nulidades
Uno de los puntos analizados por la Sala I fueron los planteos de la defensa vinculados con una supuesta violación del principio de congruencia y afectación del derecho de defensa.
Los magistrados rechazaron esos argumentos al considerar que la plataforma fáctica se mantuvo invariable durante el proceso y que no existió una situación de indefensión para los acusados.
La Cámara también avaló el rechazo de un peritaje técnico suplementario solicitado por la defensa, al considerar que resultaba inconducente para el objeto procesal de la causa.
La pena y los artículos 40 y 41 del Código Penal
Otro de los agravios analizados estuvo relacionado con la dosificación de las penas.
La Cámara consideró que la escala penal aplicada y la fundamentación de las sanciones se ajustaron a los parámetros establecidos por los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Para determinar las penas se tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, la gravedad del daño social ocasionado y la jerarquía funcional de los acusados, además de las circunstancias particulares valoradas por el tribunal de juicio.
Con el rechazo del recurso de la defensa, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas contra Rached y Vera por las maniobras vinculadas con el manejo de fondos públicos destinados a obras en Pinto.


















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