La decisión del juez Gastón Merino de rechazar la prisión preventiva y disponer la libertad de los imputados en el caso Furth ya fue apelada. La fiscal auxiliar Victoria Ledesma presentó un recurso ante la Justicia santiagueña en el que cuestiona con dureza los fundamentos del fallo y pide a la Cámara de Apelación y Control en lo Penal que lo revoque.

El planteo fiscal apunta a dos decisiones centrales: la exclusión de la calificación provisoria de asociación ilícita y la liberación de los imputados bajo cauciones reales y reglas de conducta. Para la Fiscalía, Merino llegó a esa conclusión pese a reconocer en su propia resolución indicios de una actuación plural y coordinada. Esa es, según el recurso, la primera contradicción que la Cámara deberá examinar.

La causa comenzó en julio, tras una denuncia por presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio de Furth Automotores. La investigación abarca operaciones que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no habrían quedado debidamente registradas, pagos cuya percepción y destino se encuentran bajo análisis y entregas de vehículos sin respaldo documental suficiente. Con el avance del expediente, la Fiscalía amplió el alcance de la investigación y atribuyó provisoriamente a los imputados los delitos de estafa y asociación ilícita. Esa atribución aún debe ser probada en el proceso.

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En su apelación, Ledesma sostiene que el juez describió elementos compatibles con una participación de distintas personas y con posibles funciones diferenciadas, pero luego descartó la figura de asociación ilícita al resolver sobre la prisión preventiva. La Fiscalía afirma que la resolución no explica de manera suficiente por qué esos indicios dejan de ser relevantes para la calificación provisoria del caso.

El segundo eje del recurso es el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La Fiscalía señala que todavía está pendiente una pericia contable y que deben profundizarse las operaciones comerciales y patrimoniales bajo sospecha. También faltan testimonios de empleados y clientes, además de la eventual declaración de otras personas vinculadas con las operaciones investigadas. Según el planteo, la desvinculación laboral de los imputados no elimina por sí sola la posibilidad de que puedan influir sobre personas que conocen por su paso por la empresa.

Allí aparece otra crítica concreta al fallo: para la Fiscalía, Merino centró su análisis en que los imputados ya no trabajan en la firma, pero no respondió de forma específica al riesgo alegado respecto de los testigos ni a la pericia judicial pendiente. El recurso cuestiona, además, que la resolución no fundamente por qué las cauciones y reglas de conducta impuestas alcanzarían para preservar esas pruebas.

La apelación incorpora un dato que muestra que el expediente sigue en movimiento: la Fiscalía afirma que solicitó la detención de otras dos personas por su presunta vinculación con la hipótesis de asociación ilícita y que esos pedidos aún no habían sido resueltos al momento de presentar el recurso.

La discusión, ahora, pasa a la Cámara. Deberá revisar si la resolución de Merino fundamentó suficientemente la exclusión de la asociación ilícita, valoró los riesgos procesales concretos y explicó por qué las medidas alternativas bastan mientras continúa la investigación. La apelación no determina la culpabilidad de los imputados; plantea si su libertad, en esta etapa del caso, fue decidida sobre fundamentos suficientes.