Un cuadro médico de extrema gravedad irrumpe en la causa penal que se tramita en Las Termas de Río Hondo: la abuela materna del niño de 9 años e imputada en la causa por presuntos delitos contra la integridad sexual, sufrió un preinfarto el pasado lunes y permanece internada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Alberdi, en la ciudad Capital, donde pelea por su vida bajo un pronóstico severamente reservado.

El episodio cardíaco se produjo mientras la mujer cumplía con la privación de libertad dispuesta por la Justicia de Control y Garantías. Tras ser compensada inicialmente por el servicio de emergencias, la evolución desfavorable de su cuadro coronario motivó su derivación urgente hacia un centro de mayor complejidad médica. Hasta el cierre de esta edición, la mujer se mantenía en una condición médica delicada, con asistencia permanente y riesgo vital inminente, una circunstancia que coloca un condicionante de urgencia sobre el expediente.

La descompensación de la imputada ocurre en un contexto de alta tensión procesal y se suma al complejo panorama sanitario que atraviesa el núcleo familiar materno bajo arresto. Desde la representación tutelar a cargo de la Ana Silvia Gerez se había advertido sobre el deterioro físico y psíquico de las mujeres privadas de su libertad, solicitando la intervención inmediata del Cuerpo Médico Forense y de equipos de contención psicológica.

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La internación de la mujer irrumpe horas antes de una jornada decisiva en el Centro Judicial de Las Termas, donde el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Martín Vittar, encabeza la audiencia oral para tratar la acción de hábeas corpus interpuesta en el legajo.

El planteo constitucional interpuesto por la defensora tutelar busca revisar la legalidad de las detenciones y obtener la inmediata libertad o morigeración de la medida de coerción para la abuela, la madre y la tía del menor.

La urgencia del estado de salud de la mujer llevó al magistrado a ponderar con extrema celeridad si las condiciones actuales de detención garantizan el derecho a la salud y a la vida de la acusada, o si corresponde disponer una medida alternativa mientras la Fiscalía ratifica su pedido de mantener las prisiones preventivas firmes.